El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó un nuevo protocolo que establece pautas para la identificación, preservación y manejo de criptoactivos como prueba en causas judiciales.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de la ministra Patricia Bullrich, ha aprobado la Resolución 117/2025, que establece el “Protocolo General de Actuación destinado a primeros intervinientes para la identificación y secuestro de potenciales elementos de prueba de criptoactivos”. Este protocolo, primero en su tipo en la región, proporciona directrices claras para que las fuerzas de seguridad identifiquen, preserven y manejen criptoactivos como evidencia en investigaciones penales.
Desarrollado por la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio, en colaboración con fuerzas policiales y de seguridad federales, el Ministerio Público Fiscal y con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este esfuerzo conjunto busca fortalecer las capacidades operativas frente al creciente uso de criptomonedas en actividades ilícitas.
Desafíos de los criptoactivos en el crimen organizado
En los últimos años, los criptoactivos han ganado relevancia en la economía global, transformando la relación de las personas con el dinero y los activos financieros. Argentina, reconocida como uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en Latinoamérica, enfrenta desafíos significativos en términos de regulación y prevención del crimen organizado.
La naturaleza intangible y la rapidez de las transacciones de los criptoactivos los convierten en herramientas atractivas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo. Este contexto ha generado la necesidad de mecanismos especializados para identificar y preservar evidencia digital asociada a criptoactivos, garantizando una respuesta inmediata en procedimientos policiales y judiciales.
Aspectos clave del protocolo
El protocolo introduce procedimientos estandarizados que aseguran la trazabilidad, resguardo y cadena de custodia de los criptoactivos durante las investigaciones. Entre sus fundamentos principales se destacan:
- Adaptación a las demandas tecnológicas: Establece prácticas actualizadas para la detección y manejo de elementos vinculados con criptoactivos, como billeteras virtuales, frases semilla y plataformas de intercambio.
- Eficiencia en la actuación policial: Prioriza la rapidez en la identificación y transferencia de activos a billeteras controladas por autoridades, evitando su dispersión o pérdida durante el procedimiento.
- Colaboración público-privada: Promueve la cooperación con proveedores de servicios de criptoactivos para congelar cuentas y preservar evidencia, alineándose con estándares internacionales y recomendaciones de organismos como la UNODC.
