Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el octavo informe periódico de la Argentina, recomendó “retirar la propuesta de modificación del Código Penal (expediente 228/25) relativa a las falsas denuncias en casos de violencia de género y se asegure de que las modificaciones legislativas no creen obstáculos para formular denuncias, no disuadan a las víctimas de buscar protección ni menoscaben la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género”.
La investigación de la organización sin ánimo de lucro AI Forensics titulada 'El acoso como infraestructura: cómo el diseño de Telegram posibilita la violencia de género facilitada por la tecnología en Italia y España' concluyó que "(esta red) es un ecosistema de abuso estructurado, monetizado y en gran medida automatizado". Analizó casi 2,8 millones de mensajes en grupos de España e Italia, que representan una problemática extendida a nivel global.
Un relevamiento internacional demostró que el 34% de las argentinas atravesó violencia física o psicológica en los últimos meses, el doble del promedio global. La encuesta Worldviews Survey 2026, realizada en 45 países, muestra que nuestro país se ubica entre las naciones con mayor proporción de mujeres que reportan violencia, acoso e inseguridad en el espacio público.
El trabajo titulado “Jóvenes bonaerenses en Foco” expone que el porcentaje de mujeres que no estudia ni trabaja casi duplica al de los varones (27,1% contra 17,6%,), mientras que ellas duplican a ellos en cuanto a tiempo diario dedicado a tareas de cuidado, no remuneradas: 5:46 horas contra 2:26. Esta situación, advierten, “limita las posibilidades de este grupo de acceder al mercado de trabajo, sobre todo en condiciones de formalidad”.
Recientemente se conocieron las disparidades correspondientes al tercer trimestre de 2025, de acuerdo con el informe oficial que analiza las desigualdades de género en el mercado de trabajo de la provincia de Buenos Aires sobre la base de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec para los seis aglomerados urbanos, entre los que se encuentra San Nicolás-Villa Constitución.
Hasta 1,6 millones de mujeres en Irán y unas 620.000 en Líbano dejaron sus hogares por el conflicto regional iniciado el 28 de febrero. Al menos 204 mujeres fallecieron por ataques en Irán, incluidas 168 niñas en el ataque a la escuela de Minab, y 102 en el Líbano. «Hay mujeres que dejan de comer para que sus hijos lo hagan», relató Gielan Elmessiri, representante de ONU Mujeres.
La cifra sube a 68% si se incluye a quienes la perciben de manera irregular, según un relevamiento de UNICEF. El proyecto legislativo presentado días atrás en nuestro país, plantea una suspensión provisoria de la responsabilidad parental basada en dos puntos: el incumplimiento total o parcial de tres cuotas alimentarias consecutivas o de seis alternadas y la ausencia total en el ejercicio del cuidado de ese hijo durante tres meses consecutivos.
El proyecto impulsado por el diputado Ricardo Lissalde propone garantizar el acceso gratuito al transporte público para personas en situación de violencia de género durante seis meses, con posibilidad de prórroga, ante las dificultades económicas que enfrentan para sostener trámites judiciales, trabajo y tareas cotidianas. La iniciativa alcanza a todas las líneas urbanas e interurbanas de la provincia y prevé la implementación de un certificado para acreditar el beneficio, con el objetivo de favorecer la autonomía y la salida del círculo de violencia.
El Observatorio Nacional de la organización presentó el registro del primer trimestre de 2026. Ocurren 3,7 intentos por cada asesinato consumado, en promedio cada 29 horas. Denuncian que la desarticulación de las políticas públicas por parte del gobierno de Javier Milei profundiza la vulnerabilidad de las mujeres y disidencias en lo que refiere a esta problemática.
Diego Guacci fue denunciado hace cinco años ante la FIFA por abuso sexual; el Comité de Ética no lo sancionó, pero dijo que esa decisión “no puede ser considerada como un reconocimiento de que los hechos denunciados no ocurrieron”. La problemática resurgió ante las declaraciones públicas que decidieron realizar las víctimas.