El economista Claudio Lozano y un grupo de dirigentes políticos radicaron la acción de amparo. Buscan que la Justicia declare la nulidad del DNU 179/2025.
El economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, junto a un grupo de abogados y dirigentes políticos, presentó una medida cautelar para suspender de inmediato la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, con el que el Gobierno nacional busca avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Dirigentes políticos y abogados denuncian que el decreto del gobierno viola la Constitución y permite al Ejecutivo auto-delegarse facultades legislativas sin control del Congreso.
La acción de amparo colectivo, radicada por los abogados Jonatan Baldiviezo, Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis, solicita que la Justicia declare la nulidad absoluta e insanable del decreto y de todos los actos derivados de su aplicación.
Los firmantes piden que el Poder Judicial ordene al Ejecutivo abstenerse de firmar cualquier operación de crédito público con el FMI que se derive de la aprobación dispuesta por el DNU 179/2025. Según argumentan, el decreto viola varios artículos de la Constitución Nacional y atenta contra la división de poderes.
Los argumentos de la cautelar
Entre las principales objeciones, sostienen que el decreto permite aprobar operaciones de crédito sin establecer límites ni bases claras para la negociación, lo que consideran una delegación inconstitucional de facultades legislativas por parte del Ejecutivo. Además, argumentan que el decreto no cumple los requisitos exigidos por la Constitución, ya que no se trata de materias de administración o emergencia pública y no establece un plazo fijo ni bases determinadas por el Congreso.
Otro de los puntos clave es que no se justifica la urgencia del decreto, dado que el Congreso está en sesiones ordinarias y la situación no presenta una excepcionalidad que impida la intervención del Poder Legislativo. También alertan sobre la posibilidad de que el DNU derogue de facto la Ley 27.612, que exige la aprobación del Congreso para acuerdos con el FMI.
Los denunciantes advierten que el Ejecutivo se auto-delega la capacidad de endeudar al país sin restricciones, lo que podría comprometer la soberanía económica.
El planteo busca frenar el avance del acuerdo con el FMI hasta que la Justicia determine si el DNU es constitucional o no. La medida cautelar ya está en curso y, de prosperar, podría impedir que el Gobierno tome nueva deuda sin pasar por el Congreso. Desde el oficialismo aún no han respondido oficialmente, pero la controversia suma presión al Ejecutivo en medio de la negociación con el organismo internacional.
