Ramiro González, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, pidió que Alberto Fernández sea juzgado por lesiones y amenazas contra su expareja, Fabiola Yáñez. La causa reúne pruebas de agresiones físicas y psicológicas ocurridas entre 2016 y 2024.
El fiscal federal Ramiro González presentó este 14 de agosto un requerimiento para que el expresidente Alberto Fernández sea sometido a juicio oral y público en el marco de la causa por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. La solicitud se sustenta en las pruebas reunidas durante la investigación, que describen un patrón de agresiones físicas y psicológicas ejercidas entre 2016 y agosto de 2024.
En su presentación, el fiscal expuso que se lograron acreditar dos episodios de lesiones físicas, así como un debilitamiento permanente en la salud de Yáñez. Según la acusación, Fernández también habría ejercido coacciones con el fin de impedir que ella llevara los hechos a la justicia. Estas conductas habrían formado parte de una violencia psicológica sistemática que incluyó acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, ninguneos y hostilidad.
Pruebas, calificación legal y alcance de las acusaciones
El expediente incorpora múltiples elementos probatorios: capturas de chats extraídas del teléfono presidencial, testimonios médicos, declaraciones de personas cercanas a la denunciante y peritajes que confirman el daño físico y psicológico denunciado. Estos elementos fueron valorados por la fiscalía para sustentar la acusación.
González solicitó que Fernández sea juzgado por los delitos de lesiones graves y lesiones leves, ambos agravados por mediar un contexto de violencia de género y por haberse dado en el marco de una relación de pareja. También se lo acusa de amenazas coactivas. De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, de ser hallado culpable, el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión.
La decisión de elevar la causa a juicio oral coloca el expediente en una nueva etapa procesal, en la que se evaluarán las pruebas y testimonios en un debate público. La fiscalía subraya que la gravedad de los hechos y el impacto en la salud de Yáñez justifican que el caso sea resuelto en esa instancia.
