El Ejecutivo eliminó el control estatal sobre los aranceles mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La regulación vigente se mantenía desde hacía tres décadas.
El Gobierno nacional dispuso la desregulación de los aranceles en los colegios privados, permitiendo que los establecimientos definan libremente el valor de las cuotas y matrículas sin requerir aprobación previa del Estado.
La medida quedó oficializada a través del decreto 787, difundido este martes en el Boletín Oficial. Según el texto, “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
El esquema que regía hasta ahora tenía más de 30 años de vigencia y establecía que la actualización de los aranceles debía contar con la autorización estatal. Con la nueva disposición, el Ejecutivo consideró que las normas anteriores incluían “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
Desde la administración de Javier Milei explicaron que la decisión apunta a consolidar un modelo en el que “el principio de libre contratación debe ser resguardado”, y que otorgue a las instituciones la posibilidad de definir “sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
Motivos del cambio
El decreto 787 autoriza a las entidades de educación privada a establecer sus aranceles conforme a sus costos operativos y características geográficas.
De acuerdo con los fundamentos oficiales, el sistema anterior que obligaba a los colegios a solicitar autorización estatal para modificar sus cuotas podía derivar en “una precarización de la calidad educativa”, debido a que los institutos no lograban “responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.
por último, señalaron que el mecanismo previo afectaba a las familias, que “debían afrontar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”, y generaba “incertidumbre económica para los institutos”, que tendían a fijar valores “más elevados de lo necesario” por temor a futuros incrementos de costos sin aval oficial.
