El intendente de Ramallo admitió que la ciudad atraviesa una crisis financiera sin precedentes, sin capacidad de proyectar el pago de salarios y con una caída de recursos que golpea servicios esenciales. En medio del conflicto por la Tasa de Seguridad e Higiene, responsabilizó a grandes contribuyentes por “desfinanciar al municipio”.
El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, reconoció públicamente que el municipio atraviesa una situación económica “límite” y que, en ese contexto, no están garantizados a largo plazo los sueldos de los empleados municipales. “Trabajamos minuto a minuto para asegurar salarios, horas extras y el aguinaldo. No hay previsibilidad”, afirmó al describir un escenario financiero que consideró “el más complejo de los últimos años”.
Consultado sobre la situación salarial, Poletti fue claro pero no optimista. Sostuvo que “los trabajadores municipales son prioridad, al igual que garantizar los insumos básicos del hospital. Pero hoy es un minuto a minuto. No hay margen para planificar”.
El jefe comunal adelantó que enviará al Concejo Deliberante un paquete de reformas tributarias para 2026, que —según dijo— será clave para “volver a la normalidad”. También insistió en la necesidad de atraer inversiones privadas: “El municipio se financia de la actividad comercial y productiva. Para generar empleo, desarrollo y recaudación necesitamos nuevas inversiones. Es la única salida”.
Las cifras que brindó ilustran la magnitud del problema: “Armamos un presupuesto de 25.000 millones de pesos para este año y tenemos más de mil millones menos todos los meses. Es el 50% menos. Imaginate el impacto para pagar sueldos, horas extras, insumos del hospital, equipamiento de seguridad y las obras que tuvimos que frenar”. A ese derrumbe se sumó la clausura de un laboratorio que aportaba entre 300 y 400 millones de pesos mensuales en insumos de salud, recursos que ahora deben cubrirse con fondos municipales.
Según Poletti, la crisis fiscal está directamente relacionada con la fuerte caída en la recaudación provocada por la decisión de algunos contribuyentes de pagar solo la mitad de la Tasa de Seguridad e Higiene durante el último año, amparados en presentaciones judiciales que finalmente no prosperaron. Entre ellos se encuentra Ternium, cuyo titular cuestionó públicamente el valor del tributo.
El intendente respondió esas críticas, primero negó que la tasa represente “300.000 pesos por empleado” y aseguró que ese cálculo se basa en datos incompletos. “Si pagaron la mitad durante un año, en todo caso serían 150.000. Pero además ocultaron sus balances y sus márgenes de ganancia. No presentaron los números ni ante el Municipio ni ante la Justicia. Por eso no se puede aplicar un porcentaje de Ingresos Brutos, como se hace en la mayoría de los municipios del país”, explicó.
Poletti agregó que la empresa califica la tasa como “confiscatoria”, pero sostuvo que el monto “no representa ni el uno por ciento de sus ganancias”. La falta de información contable, insistió, obliga al Municipio a mantener el cálculo basado en la cantidad de trabajadores: “Si quieren cambiar la fórmula, que muestren los números. La Justicia se los pidió y nunca los presentaron”.
El intendente recordó, además, que el Municipio obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia, y que la Cámara volvió a ratificar esa posición. A pesar de ello, remarcó que la prolongación del conflicto tiene un impacto directo en las finanzas públicas: “Mientras estiran los tiempos, desfinancian al Municipio. Se resienten los servicios públicos, la obra pública, el sistema de salud y la seguridad”.
