El Gobierno nacional reclamó avances urgentes en la causa Venezuela y denunció la falta de medidas concretas por parte de la CPI. El embajador Diego Sadofschi planteó la posición argentina y protagonizó un cruce con el representante chavista.
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en la causa Venezuela y pidió la ejecución de las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El planteo se realizó durante la conferencia anual del tribunal en La Haya y marcó una nueva denuncia del gobierno de Javier Milei sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese país. El reclamo incluyó la crítica a la falta de avances concretos en las investigaciones internacionales.
El pedido lo expuso el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI, al iniciar la sesión en la que los Estados miembros debatieron los progresos judiciales y los desafíos en materia de cooperación. Argentina se disoció del consenso general de la asamblea y remarcó su postura crítica frente a la situación venezolana. El planteo se produjo en un contexto de tensión creciente entre el régimen chavista y la administración de Donald Trump.
Según planteó Sadofschi, “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”. El embajador recordó que, desde la conclusión del examen preliminar anunciada por la oficina del fiscal en 2021, “ha habido pocos avances”. Acto seguido, denunció que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.
En su intervención, el representante argentino explicó que la decisión de no bloquear el consenso general no debía ser interpretada como una señal hacia el chavismo. Aseguró: “La decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea”. Añadió que este accionar no debía precluir negociaciones sobre los procedimientos aplicados a los Estados parte con atrasos en los pagos.
Sadofschi remarcó luego: “Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”. El embajador volvió a intervenir para subrayar la firmeza del planteo: “La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras que establecen los Estados partes de esta asamblea, pero no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”.
Durante su exposición, la delegación argentina reiteró que considera imprescindible acelerar los mecanismos internacionales para ejecutar las órdenes de arresto. Sadofschi expresó que “la República Argentina sigue considerando prioritario que se avance en la investigación y se adopten medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela”.
Cruce con el representante venezolano
El planteo argentino provocó una reacción inmediata del representante permanente adjunto venezolano ante la CPI, Héctor Constant Rosales. El delegado acusó al gobierno de Milei de “politizar la conferencia” y lo calificó como un “falso defensor de derechos humanos”. También invitó a los presentes a “concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar constructivamente y con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”.
Frente a esas declaraciones, Sadofschi respondió de manera tajante y rechazó “en todos sus términos” las expresiones del funcionario chavista. Sostuvo que Argentina “no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país” e insistió en que la posición argentina reafirma su compromiso con la Corte y los mecanismos multilaterales que permiten avanzar contra los crímenes de lesa humanidad.
El embajador reiteró que la situación venezolana representa un caso emblemático de inacción internacional y reclamó medidas contundentes, entre ellas el dictado de órdenes de arresto contra los dirigentes del régimen. También pidió dejar asentado que Argentina no podía ser incluida como parte de ninguna resolución que relativice la gravedad del caso.
Un debate clave en la conferencia anual de la CPI
La conferencia anual de la Corte Penal Internacional abrió una semana de discusión entre los Estados parte sobre expedientes judiciales críticos, como el de Venezuela. Los países analizaron los desafíos para la ejecución de órdenes de arresto y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. Las intervenciones argentinas marcaron una postura firme y dejaron expuesto el reclamo por acciones urgentes ante los crímenes denunciados.
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