El máximo tribunal ordenó adjudicar al Estado el dinero y los bienes embargados al empresario K, condenado por lavado de fondos entre 2010 y 2013. La decisión implica la inscripción registral de los activos bajo la titularidad de la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó el proceso para decomisar y transferir al Estado los bienes y sumas de dinero embargados a nombre de Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero K”. El operativo abarca un monto superior a los USD 60 millones.
Los jueces del máximo tribunal enviaron un oficio al Tribunal Oral Federal 4, a cargo de Néstor Costabel, donde informaron que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas”, incluyendo los bienes registrados a nombre de Lázaro Antonio Báez y Martín Antonio Báez.
Asimismo, la Corte ordenó que los bienes se inscriban “bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación”.
El monto total asciende a aproximadamente USD 61,13 millones. Según la condena dictada por el TOF 4 en abril de 2021, se decomisaron partidas por 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares, además de fondos en pesos argentinos por unos 4,17 millones ajustados por inflación según el INDEC.
La ejecución del decomiso se activó tras quedar firme el fallo, que fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, posteriormente, por la Corte Suprema en mayo de 2025. Las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados por los condenados.
El proceso atravesó tensiones institucionales desde la emisión del Decreto 575/2025, mediante el cual el Gobierno nacional creó un Consejo de Bienes Recuperados dependiente del Ministerio de Justicia. La Corte había establecido previamente que estos procedimientos deben permanecer bajo autoridad judicial para garantizar la independencia del Poder Judicial.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda contra el decreto al considerar que interfería en competencias que corresponden exclusivamente a los jueces penales. En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials otorgó una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto por afectar la autonomía y la autarquía presupuestaria de la Corte Suprema.
La ruta del dinero K
Durante la instrucción del expediente, la Justicia determinó que existió una organización criminal que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 realizó maniobras de lavado de dinero vinculadas a la empresa Austral Construcciones, dirigida por Báez. Las operaciones se realizaron a través de la financiera SGI, con movimientos en el país y en el exterior, y permitieron lavar un total de USD 54.872.866,69.
El mecanismo incluía depósitos en bancos internacionales con bajos controles fiscales y la utilización de personas jurídicas para ocultar el origen ilícito del dinero. Posteriormente, se compraban bonos de deuda pública, que luego se liquidaban en el mercado local simulando inversiones provenientes de una empresa fiduciaria suiza.
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal acreditó maniobras independientes como la compra de la estancia “El Carrizalejo” en Mendoza, un departamento sobre avenida Del Libertador en la Ciudad de Buenos Aires por Leonardo Fariña, y la adquisición de autos de lujo, entre ellos una Ferrari California, un BMW X6 y un Audi R8 Syder.
También se incorporó como operación ilícita el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, con intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
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