El informe anual de la UCA reveló que, pese a la reciente estabilización macroeconómica, el bienestar de los hogares continúa tensionado por privaciones económicas, deterioro del empleo y déficits en el acceso a derechos básicos.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina presentó su informe correspondiente a 2025 y advirtió que el país atraviesa uno de los períodos más críticos en términos de estrés económico y social de las últimas dos décadas. El estudio, que analiza las tendencias desde 2010 y compara la situación entre distintos ciclos de gobierno, determinó que la crisis inflacionaria de 2023 y el ajuste posterior generado en 2024 dejaron huellas profundas en las condiciones de vida, con impactos que aún persisten pese a algunas mejoras transitorias.
La UCA precisó que el deterioro de los ingresos reales, la suba generalizada de precios y la pérdida de empleo de calidad incrementaron las privaciones en los hogares durante el bienio 2023-2024. Aunque la estabilización inflacionaria y la recuperación parcial de algunos ingresos aliviaron ciertos indicadores en 2025, la universidad sostuvo que la estructura social continúa exhibiendo niveles elevados de malestar, especialmente en los sectores bajos y medios-bajos.
Un aumento del estrés económico impulsado por la inflación y la caída del ingreso
El informe detalló que los hogares registraron una fuerte percepción de insuficiencia de ingresos frente a sus necesidades básicas a partir de 2023. La inflación interanual superó el 200% en bienes ese año, un valor que no se había observado en décadas, mientras los salarios formales e informales perdieron poder adquisitivo. La UCA indicó que el incremento de precios alteró las prioridades de gasto y generó lo que define como estrés económico, una sensación de desborde financiero que afectó especialmente a los estratos vulnerables.
En paralelo, el empleo pleno retrocedió y crecieron la informalidad y el desempleo en los sectores muy bajos y bajos. Los datos de la serie histórica muestran que más del 50% de los trabajadores permanecen sin aportes a la seguridad social, una proporción similar a la registrada a mediados de la década de 2000, lo que confirma que la precarización laboral es un fenómeno estructural. La pérdida de estabilidad laboral fue uno de los factores más estrechamente vinculados con la percepción de estrés entre los adultos ocupados.
La UCA señaló que, si bien el proceso de estabilización iniciado en 2024 redujo la inflación hasta niveles cercanos al 30% anual en 2025, la mejora no fue suficiente para revertir la sensación de fragilidad económica. Los niveles de privación monetaria registrados durante la crisis continúan en valores comparables a los de 2018 y 2022, lo que sugiere que el alivio reciente aún no implicó un cambio estructural.
Privaciones sociales en niveles elevados
El estrés social, medido a partir de indicadores como inseguridad alimentaria, dificultades de acceso a la salud y cobertura insuficiente de la seguridad social, también registró picos durante 2023-2024. La UCA observó que la inseguridad alimentaria severa alcanzó sus niveles más altos desde 2010 en el contexto del ajuste, especialmente en hogares con niños, que duplican o triplican los niveles de carencia respecto de hogares sin menores a cargo.
Durante 2025 se verificó un descenso leve en estos indicadores, aunque la mejora situó a los hogares en valores similares a los de otros períodos de crisis económica. En términos comparativos, la inseguridad alimentaria total del último año se acercó a la observada en 2019, mientras que la accesibilidad a recursos de salud se mantuvo en niveles descendidos por el aumento de costos, la menor cobertura de obras sociales y la caída del empleo formal.
El acceso al sistema previsional también experimentó tensiones. El valor real de la jubilación mínima retrocedió hasta niveles equivalentes a los de 2004-2005, aun considerando los bonos compensatorios aplicados por la política vigente. Aunque la AUH y la Tarjeta Alimentar duplicaron su valor real tras el ajuste, ese incremento solo alcanzó para mitigar parcialmente la indigencia, sin revertir los déficits estructurales.
Comparaciones interanuales y entre ciclos políticos
El informe subrayó que el país arrastra, desde principios de siglo, un núcleo duro de pobreza crónica cercano al 25%. Este piso persistió bajo distintos gobiernos y modelos económicos, y solo se movió en contextos excepcionales. La UCA mostró que, incluso con la reducción reciente de la pobreza por ingresos tras la desaceleración de precios, su nivel actual continúa en rangos comparables a los registrados durante las crisis de 2018-2019 y 2022-2023.
En cuanto al desempleo y la informalidad, la comparación entre períodos confirma un deterioro progresivo. La tasa de trabajadores sin aportes a la seguridad social, que rondaba el 47% en 2011, se ubica por encima del 50% en 2025. El empleo de calidad cayó durante los últimos ciclos económicos, mientras los autoempleos de subsistencia crecieron de manera sistemática.
En términos de bienestar subjetivo, el malestar psicológico mantiene una tendencia ascendente desde 2010, con picos en 2020, durante la pandemia, y en 2023, en el marco del ajuste inflacionario. El descenso observado en 2025 aún no alcanza para equiparar los niveles previos a la crisis.
Un escenario de alivio estadístico pero sin recomposición profunda
La UCA concluyó que las mejoras observadas en 2024-2025 se vinculan principalmente a la desaceleración inflacionaria, a la recuperación parcial de los ingresos laborales y al fortalecimiento de algunas políticas de transferencia. Sin embargo, el informe aclaró que el país continúa transitando un escenario frágil y que la estructura social muestra signos de fatiga prolongada.
El organismo señaló que la sostenibilidad del bienestar social dependerá de la capacidad para generar empleo de calidad, expandir el acceso a derechos básicos, profesionalizar la economía informal y consolidar políticas públicas que reduzcan las brechas históricas entre estratos sociales. Para la UCA, el reciente alivio constituye solo un tramo en un proceso más largo, en el que los niveles de estrés económico y social aún se mantienen elevados y condicionan las posibilidades de mejora sostenida.
