Comenzó el juicio por la muerte de un interno en la Unidad 6
NewsITe
En Corrientes se abrió este lunes un juicio clave para el sistema penitenciario provincial. Ocho agentes del Servicio Penitenciario están sentados en el banquillo acusados por la muerte de Héctor Ezequiel García, un interno de la Unidad Penal N.º 6 fallecido el 13 de octubre de 2021 tras un violento episodio dentro del penal.
El debate oral se desarrolla ante el Tribunal de Juicio N.º 1, en el Edificio Patono de la capital correntina, integrado por los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortíz y María Mercedes Leconte. De los ocho imputados, dos, identificados como Víctor Molina y Héctor Ortíz, llegan detenidos y enfrentan la acusación más grave: tortura seguida de muerte.
Los otros seis agentes –Ramón Gómez, Ricardo Páez, Marcelo Alegre, Rubén Camaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas González– transitan el proceso en libertad. En su caso, el Ministerio Público Fiscal los señala como partícipes no necesarios del delito de tortura seguida de muerte, figura contemplada en el artículo 144 ter del Código Penal, una de las más severas en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado.
Planteos iniciales y posición de las partes
La primera audiencia estuvo marcada por un fuerte debate técnico. El abogado defensor de dos de los imputados, Rodolfo Cochia, pidió la nulidad del juicio por supuestas irregularidades en etapas previas de la investigación. Al planteo adhirieron luego los demás defensores.
Llamativamente, la propia fiscalía, representada por el fiscal Carlos Lertora, acompañó el pedido de nulidad. En la vereda opuesta se ubicó la querella, encabezada por el abogado Hermindo González, representante de la madre de la víctima, y por los doctores Sofía Domínguez y Jorge Isetta, integrantes del Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes, quienes reclamaron que el debate continúe y que se esclarezcan las responsabilidades penales de los agentes.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal rechazó los planteos y ratificó la vigencia del proceso. Los magistrados consideraron que no corresponde volver sobre actuaciones ya firmes y remarcaron que esta etapa es la adecuada para discutir, a partir de la prueba, si los imputados son o no responsables del hecho.
“No puede volver a revisarse lo que ya es cosa juzgada; este es el momento procesal oportuno para que, con las pruebas, se debata si los acusados son responsables del hecho”, sostuvo el Tribunal al denegar la nulidad.
El hecho investigado y lo que viene en el debate
De acuerdo con la acusación fiscal, García habría sido sometido a una agresión por parte de personal penitenciario durante un procedimiento realizado en el sector de adaptación de la Unidad 6. Como consecuencia de los golpes, el interno sufrió lesiones de extrema gravedad que motivaron su traslado al Hospital Escuela, donde finalmente murió.
La calificación de tortura seguida de muerte coloca el caso dentro de los más graves contemplados por la legislación argentina cuando se investigan hechos cometidos por agentes estatales en contextos de encierro. Organismos de derechos humanos y entidades dedicadas al monitoreo de cárceles siguen de cerca el desarrollo del juicio, al considerarlo un antecedente relevante para otros hechos denunciados en el sistema penitenciario.
Según informó el Poder Judicial de Corrientes, el debate continuará los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre. Está previsto que declaren solo siete testigos, entre ellos personal penitenciario, profesionales de la salud y allegados a la víctima. Sus testimonios serán claves para reconstruir qué ocurrió en el penal, determinar la participación de cada uno de los imputados y establecer si hubo un patrón de violencia institucional.
Se espera que, una vez producidas todas las pruebas, el Tribunal escuche los alegatos finales de las partes y dicte sentencia. La resolución que adopten los jueces no solo definirá la situación de los ocho penitenciarios, sino que también enviará un mensaje hacia el interior del sistema carcelario correntino sobre los límites legales al uso de la fuerza y la obligación del Estado de garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.
