El Consejo de la Magistratura resolvió la destitución de Martín Poderti por mal desempeño, en el marco de una investigación por la desaparición de 144 monedas de oro que se encontraban bajo su custodia en San Isidro.
El juez federal Luciano Martin Poderti fue destituido de su cargo este jueves por un Jurado de Enjuiciamiento que falló en su contra en el juicio político iniciado por el robo de 144 monedas de oro ocurrido mientras se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.
El veredicto sobre la conducta del magistrado, que integraba el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y había sido suspendido en agosto, se leyó este mediodía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. De acuerdo a Infobae, la decisión se adoptó por una mayoría ajustada, con cinco votos a favor de la remoción, el mínimo necesario para avanzar con la destitución.
Con esta resolución, Poderti quedó sin fueros y, en caso de avanzar la causa penal en su contra —ya elevada a juicio en la Justicia Federal de San Martín—, podría quedar detenido.
El juicio político y los fundamentos de la remoción
La acusación contra Poderti no solo se vinculó con la sustracción de una fortuna estimada en 190.000 dólares, sino también con el incumplimiento del deber de custodia que le correspondía, ya que era la única persona con acceso a la caja de seguridad donde se encontraban los bienes secuestrados.
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió no removerlo específicamente por el robo de las monedas, debido a que aún no existe una sentencia penal firme que lo declare culpable. Sin embargo, consideró que el segundo cargo resultó suficiente para disponer su desplazamiento del Poder Judicial.
Las monedas pertenecían a un imputado y habían sido secuestradas en el marco de una causa por narcotráfico tramitada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien por entonces era superior jerárquico y amigo del acusado.
El jury estuvo presidido por los jueces José María Escobar Cello y Víctor Arturo Pesino, y fue integrado además por los senadores Rodolfo Suárez y Jesús Fernando Rejal, los diputados Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato, y el abogado Antonio Manuel Estévez.
La destitución se resolvió por mayoría y contó con dos disidencias, correspondientes a los legisladores Rejal y Propato, quienes propusieron postergar el juicio político hasta la resolución de la causa penal. Sostuvieron que, al no estar probado el delito, debía primar el beneficio de la duda.
Los miembros del Jurado que votaron por la remoción concluyeron que Poderti “incumplió con normas esenciales, inherentes a su función, defraudando la confianza de su superior y de sus pares”. También señalaron que el magistrado “ha perdido la credibilidad” y que “el manto de desconfianza que se cierne sobre el doctor Poderti ha sido provocado por su propia inconducta”.
El fallo agregó que, si bien el faltante de las monedas ocurrió cuando se desempeñaba como secretario y no como juez, “el estado de sospecha perdura aún ahora” y que, por esa razón, “ya no es digno de continuar representando tan alta investidura”.
La causa penal y el robo de las monedas
Poderti fue procesado por el delito de peculado por el juez Emiliano Canicoba, titular del Juzgado Federal N° 1 de San Martín, quien además elevó la causa a juicio. El expediente será ventilado ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de esa ciudad. Las monedas de oro robadas nunca fueron recuperadas.
Dentro de la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco Nación se encontraban 285 monedas de oro, lingotes, un reloj, joyas y otros bienes, propiedad de Rodolfo Tamborini, quien había sido absuelto en una causa por narcotráfico. Al presentarse en el juzgado para recuperar sus pertenencias, se le informó sobre el faltante.
La investigación acreditó que, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad. Los registros del banco documentaron fecha, horario e identidad del autorizado en cada acceso.
Quienes impulsaron la acusación en el juicio político fueron los consejeros Luis Juez y Eduardo Vischi, ambos senadores, y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Durante las audiencias, sostuvieron que los movimientos del entonces secretario fueron “clandestinos, ocultos y silenciados”.
Según se expuso, ninguno de los ingresos fue ordenado por el juez Mirabelli ni quedó asentado en el expediente. Además, cuatro accesos se produjeron mientras Poderti se encontraba formalmente de licencia, y otros durante la feria judicial o fuera del horario habitual.
El faltante fue detectado una vez que Poderti dejó su cargo en San Isidro para pasar primero a la Justicia Federal de San Martín y luego al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Su reemplazante como secretario, Matías Pietronave, advirtió la irregularidad y presentó la denuncia.
Para ese momento, el Senado de la Nación ya lo había designado juez federal. El fallo leído este jueves en el Consejo de la Magistratura aclaró que, al momento de esa designación, los legisladores no contaban con información sobre las sospechas que pesaban sobre Poderti.
