Presos de Junín, acusados por un call center de sextorsión
NewsITe
Tres internos de la Unidad Penitenciaria N.º 13 de Junín fueron imputados por montar, desde el interior de la cárcel, un verdadero “call center” de extorsión sexual. La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal bonaerense, determinó que los detenidos contactaban a sus víctimas a través de redes sociales, obtenían imágenes íntimas y luego las amenazaban con viralizarlas si no recibían dinero a cambio.
De acuerdo con fuentes judiciales, la pesquisa se inició a partir de la denuncia de dos mujeres que indicaron haber sido abordadas por hombres a través de Facebook. Tras un intercambio de mensajes, los agresores lograron que les enviaran fotos de contenido sexual. En ese momento, el tono de la conversación cambió: comenzaron las amenazas y la exigencia de pagos para evitar la difusión del material en internet.
Ante las primeras presentaciones, tomó intervención la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo de Fernando Graffigna, junto con la UFI N.º 6 de Junín, conducida por Fernanda Sánchez. Los investigadores pusieron el foco en el rastro digital dejado por los chats y las comunicaciones, lo que permitió avanzar sobre el origen real de los mensajes extorsivos.
Mediante distintas medidas de prueba se obtuvieron direcciones IP, información sobre el impacto de antenas de telefonía móvil, identificación de dispositivos utilizados, números de IMEI y ubicación geográfica de las conexiones. Con ese material, los peritos lograron determinar que las operaciones no se realizaban desde domicilios particulares, sino desde el interior de un establecimiento penitenciario.
Los datos recolectados llevaron a los fiscales a solicitar un allanamiento de urgencia dentro de la Unidad Penitenciaria N.º 13, en Junín. Durante el procedimiento se habrían secuestrado teléfonos celulares y otros elementos electrónicos que habrían sido utilizados para contactar a las víctimas, coordinar los depósitos de dinero y mantener el circuito delictivo activo.
Cómo operaba la banda y el avance de la causa
De acuerdo con medios locales, citados por la agencia Noticias Argentinas, al menos tres presos serían los responsables directos de llevar adelante las amenazas, administrar las cuentas de redes sociales y forzar el envío de pagos. Los investigadores no descartan que pueda haber más personas involucradas, ya sea dentro del penal o en el exterior, encargadas de recibir el dinero o facilitar las líneas telefónicas.
- Los contactos se realizaban principalmente a través de Facebook, con perfiles falsos.
- Las víctimas eran inducidas a enviar imágenes íntimas, que luego se usaban como material de coacción.
- Los pagos habrían sido exigidos mediante transferencias o giros, para dificultar el rastreo.
- El allanamiento permitió identificar dispositivos clave para reconstruir el recorrido de las comunicaciones.
Las fiscalías especializadas remarcan que la llamada “sextorsión” se ha convertido en una modalidad en crecimiento, que combina redes sociales, anonimato y vulnerabilidad de las víctimas.
La causa continúa en plena etapa de investigación. Los tres internos imputados podrían enfrentar cargos vinculados a extorsión y otros delitos informáticos. En paralelo, las autoridades judiciales insisten en la importancia de denunciar cualquier intento de chantaje sexual en línea, conservar las evidencias digitales y evitar el envío de dinero ante este tipo de maniobras.
Especialistas en cibercrimen recomiendan revisar la configuración de privacidad de las redes sociales, desconfiar de perfiles desconocidos que buscan entablar conversaciones íntimas de manera rápida y no compartir imágenes o videos de carácter sexual con personas cuya identidad no pueda verificarse. El caso de Junín vuelve a poner bajo la lupa el uso de celulares en las cárceles y el desafío que supone controlar las comunicaciones delictivas que se organizan desde los penales.
