El financiamiento apunta a optimizar la focalización de los subsidios al gas, fortalecer la capacidad institucional y proteger a los hogares más vulnerables, con impacto en la sostenibilidad fiscal y ambiental.
El Banco Mundial anunció la aprobación de un financiamiento adicional de USD 300 millones para la Argentina, destinado a fortalecer la capacidad institucional en la gestión de los subsidios al gas y a proteger a los hogares más vulnerables. La iniciativa busca optimizar la focalización de la ayuda energética y promover la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector.
El nuevo préstamo se suma al proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, que permitió mejorar el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y reclasificar correctamente a 1,2 millones de hogares. Según informó el Banco Mundial, el programa amplía el alcance de los subsidios e incorpora tanto a usuarios de red como a quienes dependen del gas envasado.
La iniciativa pone especial atención en las regiones sin acceso a gas por red, donde la población utiliza principalmente gas envasado para cocinar. En ese marco, el proyecto contempla la simplificación, armonización y modernización de los esquemas de subsidios para el suministro de gas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la accesibilidad.
Una de las novedades del programa es la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro, lo que facilitará el acceso a los subsidios y a programas complementarios, de acuerdo con el comunicado de prensa del organismo internacional.
Entre los objetivos centrales del financiamiento se encuentra el fortalecimiento institucional para mejorar la focalización de los subsidios, de modo que los recursos lleguen efectivamente a los hogares de bajos ingresos. El Banco Mundial remarcó que la medida apunta a proteger a los sectores más vulnerables, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a cubrir necesidades energéticas.
El impacto esperado incluye una mayor equidad en el acceso a la energía, mejoras en la eficiencia energética y una contribución a la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector. Desde la entidad destacaron que la modernización de los esquemas de subsidios y su adecuación a los patrones de consumo de los hogares permitirán incentivar el uso eficiente de la energía y reducir gastos innecesarios.
Las condiciones del nuevo préstamo establecen un margen variable, un plazo de reembolso de 32 años y un período de gracia de siete años.
En ese contexto, Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, expresó: “Acompañamos los esfuerzos del gobierno por continuar mejorando la focalización de los subsidios de gas para que lleguen a las poblaciones más vulnerables, quienes destinan un mayor porcentaje de sus ingresos en satisfacer sus necesidades energéticas”.
El anuncio se inscribe en un marco de financiamiento más amplio. En abril de 2025, el Banco Mundial comunicó un paquete de USD 12.000 millones, en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones, rubricado el mismo mes.
“El paquete está diseñado para apoyar reformas que sigan atrayendo inversión privada al país y darle un mayor impulso a las medidas que está implementando el Gobierno Nacional para fomentar la creación de empleo”, señaló el organismo en ese momento, cuando se concretó un primer desembolso de USD 1.500 millones.
Ese programa se estructuró sobre tres pilares. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) prevé comprometer USD 5.000 millones a iniciativas del sector público orientadas a impulsar el crecimiento del sector privado y la creación de empleo, con foco en modernizar la administración tributaria, mejorar la educación y el desarrollo de habilidades, promover empleos de calidad y construir infraestructura crítica.
Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC) proyecta invertir y movilizar hasta USD 5.500 millones, de los cuales USD 2.000 millones podrían desplegarse durante el primer año, con foco en infraestructura, minerales críticos, agroindustria, generación y transmisión de energía y otros sectores de alto impacto.
En tanto, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) espera emitir alrededor de USD 1.500 millones en garantías para ampliar el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas, y atraer inversión privada en infraestructura.
