La norma autoriza a la Provincia de Buenos Aires a tomar deuda, crea un fondo de inversión para municipios y condona pasivos por fondos Covid. La medida se publica en un contexto de tensión con el Gobierno nacional por la autorización del financiamiento.
El gobierno bonaerense promulgó la Ley N° 15.561, que habilita un esquema de financiamiento por más de US$ 3.600 millones, establece un fondo de inversión destinado a los municipios y dispone la condonación de deudas vinculadas a fondos Covid. La decisión se formalizó este martes con la publicación de la norma en el Boletín Oficial provincial.
La ley había sido sancionada el 4 de diciembre por la Legislatura bonaerense, luego de un proceso de negociación que incluyó acuerdos entre el oficialismo y sectores de la oposición. Con la promulgación, el Ejecutivo provincial quedó habilitado a avanzar con las herramientas previstas para afrontar vencimientos y ordenar el perfil de su deuda.
El nuevo marco legal se activa en medio de una disputa con el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, quienes anticiparon que no autorizarían la toma de deuda. La controversia gira en torno a si el endeudamiento constituye deuda nueva o si, como sostiene la Provincia, se trata de financiamiento para cubrir vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal. La autorización nacional resulta necesaria, ya que la coparticipación de impuestos actúa como garantía final.
Alcance del endeudamiento autorizado
El artículo 1° de la norma autoriza al Poder Ejecutivo provincial a endeudarse en pesos u otras monedas por hasta US$ 1.045 millones, monto equivalente a los servicios de amortización de la deuda pública previstos para el ejercicio 2025.
En tanto, el artículo 2° habilita al Sector Público Provincial a contraer deuda por hasta US$ 1.990 millones. Ese financiamiento podrá destinarse a cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales no previsionales, mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión.
Fondo municipal y condonación de pasivos
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación, para los ejercicios 2026 y 2027, del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, orientado a regularizar atrasos de Tesorería y a financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en los 135 municipios bonaerenses.
El fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales. Esos fondos se transferirán en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. El 70% se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se destinará a programas provinciales ejecutados por los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.
Además, el artículo 10 dispone la condonación de las deudas municipales correspondientes al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal y al Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales.
Letras del Tesoro, empresas y control legislativo
La norma también autoriza a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro por hasta US$ 250 millones durante el ejercicio 2026. En paralelo, habilita a Buenos Aires Energía S.A. a endeudarse por hasta US$ 150 millones para financiar proyectos energéticos y a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a contraer deuda por hasta US$ 250 millones destinada a obras de inversión pública. En ambos casos, se contempla la posibilidad de otorgar garantías provinciales y constituir fideicomisos.
Por otra parte, la ley crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios. Estará integrada por diputados y senadores y tendrá facultades para requerir información al Ejecutivo, analizar proyectos municipales y recibir reportes trimestrales sobre la evolución de la deuda pública.
Finalmente, la normativa introduce modificaciones en disposiciones vinculadas al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico, al Impuesto al Servicio de Electricidad, al Coeficiente Único de Distribución y al régimen de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, entre otros cambios estructurales.
