El abogado Fabián Maggi cuestionó la legalidad y el impacto ambiental del puerto multimodal y afirmó que “no existe ninguna habilitación ambiental válida”. El empresario Carlos Bauza defendió el emprendimiento y sostuvo que el proyecto “se encuentra en regla” y generará empleo y desarrollo para la región.
El conflicto por el proyecto de instalación de un puerto multimodal en la zona de Costa Pobre sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce de declaraciones entre el abogado ambientalista Fabián Maggi, representante de vecinos y organizaciones sociales, y el empresario Carlos Bauza, titular de la firma impulsora del emprendimiento. Las posiciones enfrentadas dejaron en evidencia no sólo la profundidad del desacuerdo, sino también las dudas que rodean al futuro de la iniciativa.
Desde la empresa, Bauza volvió a sostener públicamente que el proyecto cuenta con avales técnicos y ambientales suficientes para avanzar. En sus declaraciones afirmó que el emprendimiento “se encuentra en regla” y que las tareas realizadas en el lugar responden a estudios previos que garantizarían la viabilidad del puerto. Además, aseguró que la obra significará una oportunidad de desarrollo productivo y generación de empleo para la región, remarcando que la iniciativa permitiría potenciar la actividad logística y comercial del partido de Ramallo.
Sin embargo, estas afirmaciones fueron refutadas de manera categórica por el abogado Fabián Maggi, quien advirtió que “no existe ninguna habilitación ambiental válida” y que, por el contrario, la Justicia dictó una medida cautelar que ordena la paralización de toda obra en el área. Según explicó, el punto central no es la conveniencia económica del proyecto, sino el incumplimiento de normas ambientales de cumplimiento obligatorio y la afectación de derechos de los vecinos que habitan Costa Pobre desde hace décadas.
Maggi señaló que una autorización ambiental legítima no puede existir sin la correspondiente instancia de participación ciudadana, mecanismo que permite a la comunidad informarse y expresar su opinión sobre obras de alto impacto. “Ese procedimiento es obligatorio y no se realizó en ningún momento”, remarcó, cuestionando la veracidad de las afirmaciones empresariales. Para el letrado, presentar el proyecto como autorizado sin haber atravesado ese proceso constituye una grave irregularidad administrativa.
Otro de los puntos de fricción es el carácter ambientalmente protegido de la zona. Mientras Bauza insiste en que los estudios técnicos avalan la obra, Maggi subraya que Costa Pobre se encuentra comprendida dentro de áreas de bosques nativos y humedales protegidos por normativa provincial y nacional, lo que impide el cambio de uso del suelo. “Legalmente es incompatible con un emprendimiento portuario”, insistió, y agregó que la remoción de suelo ya realizada agrava la situación de la empresa en el marco de la investigación judicial.
El debate también se trasladó al plano social y territorial. Bauza defendió el accionar de la firma al sostener que el predio donde se proyecta el puerto pertenece legítimamente a la empresa. Desde el otro lado, Maggi cuestionó esta afirmación y recordó que los ríos y sus márgenes son bienes de dominio público, y que existen vecinos que, por la ocupación pacífica y prolongada en el tiempo, poseen derechos reconocidos por la ley. En este sentido, calificó como “arbitrario” el cierre de accesos históricos que utilizaban los habitantes del barrio para ingresar a la zona.
El cruce de declaraciones no se limitó a lo técnico. Maggi también puso en tela de juicio el vínculo entre Bauza y el intendente Mauro Poletti, al advertir que esa cercanía política podría haber influido en la falta de controles municipales y en la escasa información brindada a la comunidad. Desde la empresa, en cambio, negaron cualquier tipo de trato preferencial y defendieron la legalidad de cada paso dado.
Mientras tanto, la medida cautelar continúa vigente y mantiene paralizado el emprendimiento. La causa sigue su curso en el ámbito judicial, donde se analizan posibles responsabilidades empresariales y administrativas.
