Desde el 2 de enero comenzó a regir en Ramallo la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un recargo del 2% por litro de combustible que ya encarece entre 25 y 30 pesos el precio final
Desde el 2 de enero comenzó a aplicarse en el partido de Ramallo la denominada Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un tributo municipal que agrega un recargo del 2% por litro de combustible y que ya se traslada de manera directa al bolsillo de los vecinos. La medida, impulsada por el Departamento Ejecutivo, no sólo generó un fuerte rechazo político y judicial, sino que vuelve a poner en discusión el límite de la presión tributaria local sobre actividades esenciales para la vida económica y social del distrito.
El nuevo gravamen se implementa de manera progresiva, a medida que las estaciones de servicio logran adecuar sus sistemas de facturación. Sin embargo, allí donde ya se encuentra operativo, el impacto es inmediato: el aumento ronda entre 25 y 30 pesos por litro, según el tipo de combustible. La decisión municipal, lejos de ser neutra, afecta a trabajadores, comerciantes, productores y familias que dependen del transporte para desarrollar sus actividades diarias.
Desde el sector expendedor confirmaron que la tasa no puede ser absorbida por las estaciones y, por lo tanto, se incorpora de forma automática al precio final. De este modo, el municipio trasladó la carga del nuevo tributo directamente a los consumidores, en un contexto de inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo y fuerte presión sobre los costos logísticos de toda la región.
La implementación de la tasa también expuso una preocupante improvisación administrativa. Las estaciones fueron notificadas recién el 23 de diciembre, a pocos días del inicio de su vigencia, y debieron solicitar una prórroga para adecuar sus sistemas. Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con la aplicación del tributo, obligando a cada empresa a resolver sobre la marcha cuestiones técnicas y comerciales que requieren autorizaciones de casas matrices y petroleras.
En paralelo, continúa pendiente una definición judicial tras la presentación de una medida cautelar que busca suspender la tasa. El planteo cuestiona no sólo la oportunidad de la medida, sino también la legalidad y razonabilidad de imponer un nuevo recargo sobre un producto que ya se encuentra gravado por múltiples impuestos nacionales y provinciales.
El argumento oficial de que la recaudación se destinará al mantenimiento de la red vial no logra disipar las críticas. En los hechos, el nuevo tributo no garantiza mejoras concretas ni establece mecanismos claros de control y rendición de cuentas sobre el destino de los fondos. Así, la tasa corre el riesgo de convertirse en un recurso de libre disponibilidad, sin asegurar que el sacrificio económico que realizan los vecinos se traduzca en obras visibles y mejoras reales en caminos y calles.
La decisión de gravar el combustible vuelve a instalar una lógica peligrosa: la de financiar la gestión municipal apelando a impuestos fáciles de cobrar pero socialmente regresivos, que afectan con mayor dureza a quienes trabajan, producen y se trasladan todos los días dentro del distrito. En lugar de discutir una administración más eficiente del gasto, el municipio eligió cargar un nuevo peso sobre una economía local ya tensionada.
