Una decisión clave por la competencia en una investigación por presunto lavado
NewsITe
La Cámara Federal de San Martín quedó en condiciones de tomar una definición central en la causa que investiga la presunta utilización de testaferros en la compra de una casaquinta en Pilar, una flota de vehículos de alta gama y otras propiedades. El expediente, con líneas que apuntan a un posible lavado de dinero y a una eventual administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, deberá resolver ahora qué juzgado será el competente para seguir al frente de la investigación.
La disputa enfrenta al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que actualmente interviene en el caso en la Ciudad de Buenos Aires, y al juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay, quien reclamó que la causa se tramite en su jurisdicción por considerar que los hechos principales y los bienes investigados se encuentran en el partido de Pilar.
Según pudo reconstruirse del planteo, la Cámara resolverá durante la feria judicial de enero mediante una decisión unipersonal, que se adoptará tras un sorteo entre los magistrados en funciones en el tribunal de apelaciones.
Qué se investiga: bienes, valuaciones y sospechas
El expediente pone el foco en una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, valuada en torno a los 17 millones de dólares, además de vehículos que, de acuerdo a estimaciones incorporadas a la causa, alcanzarían casi cuatro millones de dólares. La hipótesis bajo análisis es si la adquisición de esos activos se habría hecho a través de terceros para ocultar el verdadero origen o titularidad de los fondos.
En el marco de las medidas iniciales, se realizaron allanamientos, se ordenaron tasaciones y se dispuso la preservación de lo hallado. Con el avance del expediente también se sumaron informes patrimoniales y financieros para seguir el rastro del dinero y los gastos asociados a los bienes bajo la lupa.
Los argumentos de Campana: “juez natural” y territorialidad
González Charvay respaldó un planteo de Luciano Pantano —titular formal de los bienes junto a su madre, Lucía Conte, a través de la sociedad Real State SRL— y pidió que Aguinsky se inhiba. El magistrado sostuvo que corresponde aplicar la garantía del “juez natural” prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que, por la ubicación de las propiedades, la competencia debería recaer en la justicia federal con asiento en Campana.
“Resulta ineludible sostener la importancia de que la investigación de un hecho se ventile ante el Juez natural del territorio designado de forma previa”, sostuvo el juez federal de Campana en su resolución.
En esa línea, cuestionó que la denuncia se haya impulsado en una jurisdicción “extraña” a la localización de los bienes, al haberse acudido a fueros de CABA pese a que el inmueble señalado desde el inicio está en Pilar.
La postura de Aguinsky: el “epicentro” estaría en la AFA
Desde CABA, Aguinsky rechazó desprenderse del expediente y planteó que el presunto delito precedente del lavado estaría vinculado a una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, con eje en su estructura directiva. También mencionó como elemento relevante el uso de una tarjeta de crédito asociada a consumos que, según surge de la causa, estaría vinculada a una cuenta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino con domicilio en Viamonte al 1300.
El juez sostuvo que el núcleo investigativo no es únicamente la propiedad en Pilar, sino la posible operatoria alrededor de la entidad deportiva con sede en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la competencia del fuero porteño —argumentó— tendría sustento en el desarrollo de los hechos y en la documentación que se analiza.
Qué puede pasar ahora
- La Cámara Federal de San Martín definirá qué juzgado sigue con la causa.
- Hasta que se resuelva la competencia, quedaron en suspenso ciertas notificaciones y medidas.
- La investigación continúa con peritajes, informes financieros y el análisis de movimientos asociados a los bienes investigados.
Con la resolución pendiente, el expediente se encamina a un punto decisivo: determinar el juez competente no solo ordenará el trámite, sino que también marcará el ritmo de las próximas medidas para esclarecer si existieron testaferros y cuál fue el origen de los fondos utilizados.
