El oficialismo busca acuerdos para destrabar la ley en el Senado
NewsITe
El Gobierno nacional decidió abrir una instancia formal de negociación con la CGT y con sectores empresarios para introducir cambios en el proyecto de reforma laboral que se discute en el Senado. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, confirmó que el objetivo central del oficialismo es asegurar los votos necesarios para aprobar la iniciativa, incluso a costa de modificar puntos sensibles del texto original.
Según explicó la senadora, el 16 de este mes comenzará a trabajar una comisión técnica encabezada por su asesora Josefina Tajes. Ese equipo se reunirá con los bloques que vienen acompañando al oficialismo y analizará en detalle las observaciones planteadas por la CGT y por distintas entidades empresariales. La hoja de ruta que maneja el Gobierno prevé que el dictamen se termine de pulir hacia fines de enero y que la reforma llegue al recinto el 10 de febrero.
Bullrich remarcó que la Casa Rosada está dispuesta a escuchar propuestas siempre que el resultado implique cambios concretos en el mercado de trabajo. “Somos abiertos y flexibles, pero no queremos que todo quede igual”, planteó, al describir un escenario laboral “destruido desde hace muchísimos años” y que, a su juicio, requiere reglas que incentiven la creación de empleo formal y reduzcan la litigiosidad.
Un diálogo condicionado con la CGT
La senadora confirmó que el Gobierno está dispuesto a entablar un diálogo directo con la cúpula de la CGT, aunque advirtió que la discusión no se dará “sobre la base del status quo”, sino sobre un esquema de cambios concretos. Hasta el momento, la central obrera no presentó una contrapropuesta por escrito, pero en el oficialismo esperan que acerque un documento con los puntos que pretende modificar.
Bullrich subrayó que la negociación se concentrará en el ámbito del Senado, donde el oficialismo cuenta con 20 bancas y necesita articular con la UCR, el PRO y bloques provinciales para alcanzar la mayoría. La referencia fue también un mensaje hacia los interlocutores sindicales que el Gobierno tiene en otras áreas, como el asesor Santiago Caputo o las figuras de Martín y Eduardo “Lule” Menem, que no llevarán la batuta en esta instancia.
Uno de los temas más sensibles es el de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos, actualmente limitadas por el proyecto de reforma. Bullrich sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es favorecer la creación de empleo, ordenar el régimen de indemnizaciones y modernizar modalidades laborales a través de convenios colectivos más flexibles, especialmente a nivel de empresas o actividades específicas.
- Revisión de los juicios laborales y contingencias para las empresas.
- Discusión sobre el esquema de indemnizaciones y la Ley de Contrato de Trabajo.
- Actualización de convenios colectivos para adaptarlos a nuevas formas de empleo.
- Posibilidad de acordar cuotas sindicales dentro de marcos negociados globalmente.
“Para que todo quede igual, no”, enfatizó Bullrich, al marcar que cualquier entendimiento con la CGT deberá estar atado a una reforma laboral que, según el oficialismo, impulse el empleo formal y reduzca la economía en negro.
Con este giro negociador, el Gobierno busca mostrar una señal de pragmatismo político frente a un Congreso fragmentado y a la resistencia sindical, sin resignar su objetivo de avanzar con una reconfiguración profunda de las reglas del mercado laboral argentino.
