El Gobierno acelera el envío de pliegos judiciales al Senado
NewsITe
El Gobierno Nacional se prepara para encarar uno de los frentes más sensibles de su agenda institucional: la crisis de vacantes en la Justicia Nacional y Federal. A partir del 1° de marzo, con el inicio del período de sesiones ordinarias, el Ministerio de Justicia planea enviar al Senado una remesa masiva de pliegos para cubrir cargos vacantes en juzgados, cámaras, tribunales orales, fiscalías y defensorías.
Según datos oficiales del Consejo de la Magistratura, casi el 37% de los cargos clave del sistema judicial carece hoy de un titular designado. Esta situación obliga a que numerosos magistrados cubran más de un juzgado mediante subrogancias, un mecanismo de emergencia que se ha convertido en regla y que impacta de lleno en la celeridad y la calidad del servicio de justicia que reciben los ciudadanos.
La estrategia se diseñó en la Casa Rosada y es ejecutada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. El objetivo central es desactivar un escenario que en el propio Gobierno califican como “bomba de tiempo institucional”, luego de un 2025 marcado por una virtual parálisis administrativa y un fuerte malestar acumulado en la Corte Suprema y en todo el entramado judicial.
Del “apagón” de ternas a la auditoría de pliegos
El 2025 cerró como el año de menor productividad del Consejo de la Magistratura desde 2022. El organismo apenas envió 19 ternas al Poder Ejecutivo, muy por debajo de las 96 elevadas en 2024. Para encontrar niveles de parálisis similares hay que remontarse a 2012 y 2013, en pleno conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial.
A este freno en la producción de ternas se sumó la decisión política de la Casa Rosada de no apurar definiciones. De acuerdo con informes internos, existen 203 vacantes cuyos concursos ya concluyeron y cuyos pliegos permanecen en el despacho presidencial, a la espera de una resolución. Otras 157 vacantes están en trámite dentro del Consejo, muchas correspondientes a tribunales que hoy funcionan con jueces “prestados”.
Desde el Ministerio de Justicia explican que la demora respondió a una “auditoría silenciosa” de todos los candidatos heredados de la gestión anterior. En lugar de convalidar las ternas “a libro cerrado”, se revisaron uno por uno los antecedentes y perfiles, con el propósito de depurar la nómina antes de enviarla al Senado. Con ese trabajo ya concluido, el oficialismo anticipa una “catarata” de expedientes apenas se habilite el tratamiento legislativo.
Mérito técnico, mayoría política y disputa con la Corte
El Gobierno insiste en que el criterio de selección buscará correrse de la lógica de reparto partidario que signó a gestiones anteriores. En la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona repiten que la apuesta será por el “purismo técnico” y que se respetará el orden de mérito de los concursos, incluso si esto incomoda a sectores políticos aliados.
En ese marco, la Casa Rosada confía en el antecedente de la aprobación del Presupuesto 2026, cuando logró 46 votos en el Senado frente a 25 en contra. Esa mayoría, construida en alianza con la UCR, el PRO y partidos provinciales, es la base sobre la que el oficialismo proyecta la aprobación de los futuros pliegos, sin necesidad de un acuerdo global con el peronismo.
La ofensiva para cubrir vacantes se da, además, en un clima de tensión creciente con la Corte Suprema. En la última cena de la Asociación de Magistrados, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, calificó la situación de vacantes como su “principal preocupación” y advirtió sobre el riesgo de que, ante la ineficacia del sistema, se avance hacia mecanismos “menos republicanos”, como la elección a dedo o popular de jueces.
- El Gobierno rechaza la idea de una “república en peligro” y reclama autocrítica al Poder Judicial.
- Desde la Corte y la Asociación de Magistrados alertan por cifras inéditas de vacantes y posibles intentos de disciplinamiento.
“Nunca en su historia tuvieron la independencia judicial que tienen ahora. Su problema es la falta de independencia interna”, deslizan en el Ejecutivo, en alusión a las internas del poder judicial y a la influencia de viejos operadores.
El 2026 se perfila, así, como un año clave para el equilibrio de poderes. Si el Senado convalida la ola de nombramientos prometida por el Gobierno, el mapa judicial podría modificarse de manera profunda. Si, por el contrario, la iniciativa se traba, la crisis de vacantes seguirá golpeando todos los días a quienes esperan una respuesta de la Justicia.
