Nuevo ajuste en el Estado: el Gobierno acelera el recorte de personal
NewsITe
El Gobierno nacional se prepara para profundizar en 2026 su política de reducción del empleo público, con la mira puesta en un recorte del 10% de la dotación estatal durante el primer trimestre. La decisión se enmarca en la estrategia del presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y sostener el ajuste fiscal iniciado apenas asumió en diciembre de 2023.
Según trascendió de una de las últimas reuniones de Gabinete en Casa Rosada, fue el propio Milei quien avaló el pedido transmitido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a los ministros y secretarios presidenciales: avanzar de manera acelerada con la reducción de personal en sus áreas. El objetivo preliminar es alcanzar, en el “cortísimo plazo”, un recorte del 10%, con una evaluación de resultados hacia fines del primer trimestre de 2026.
De acuerdo con el último informe de dotación estatal del INDEC, hasta noviembre de 2025 la Administración Pública Nacional (APN) contaba con 281.785 empleados. De ese total, 192.219 pertenecen a la Administración Pública Nacional y 89.566 a empresas y sociedades del Estado. No obstante, en la Casa Rosada señalan que el 10% no se aplicará de manera uniforme sobre toda la estructura, sino que se focalizará inicialmente en áreas consideradas más “flexibles” para el recorte.
Uno de los focos de ajuste será la llamada administración centralizada, que reúne a poco más de 39.000 trabajadores dependientes directamente de la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y los nueve ministerios. El resto de la estructura estatal —organismos descentralizados, desconcentrados y otras entidades— también deberá reducir su plantel, al igual que las empresas y sociedades, aunque en estos casos se anticipa un proceso más gradual y menos automático.
La órbita de Adorni y el impacto en ministerios y organismos
En la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni ya ordenó a sus seis secretarías —Coordinación Legal, Asuntos Estratégicos, Ejecutiva, Innovación, Comunicación y Turismo y Ambiente— un recorte aún más exigente: apuntar a una reducción del 20% del personal. Si bien puertas adentro admiten que ese número podría no alcanzarse por razones operativas, el Gobierno confía en superar con holgura la meta del 10% antes de que termine marzo.
El mes pasado se oficializó el nuevo organigrama superior de la Jefatura de Gabinete, tras la separación de funciones con el Ministerio del Interior. Todavía resta la definición de la estructura inferior, donde se anticipan “simplificación” y “recortes” de direcciones y coordinaciones. La expectativa en Balcarce 50 es que la misma lógica se replique en el resto de los ministerios y secretarías presidenciales, revisando subsecretarías y áreas susceptibles de ser fusionadas o eliminadas.
Cuando Milei llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, la nómina estatal ascendía a 341.473 empleados. De ellos, 231.305 pertenecían a la administración pública —incluidos 54.791 de la administración centralizada— y 110.168 a empresas y sociedades del Estado. Desde entonces, el recorte se concretó mediante despidos, pases a disponibilidad y planes de retiro voluntario.
Ajuste fiscal, resistencia sindical y actividades más afectadas
En la actualidad, las carteras con mayor cantidad de personal son el Ministerio de Economía (8.348 empleados), Capital Humano (8.231) y Salud (5.954). Entre las más pequeñas figuran Desregulación y Transformación del Estado (384), Interior (953) y Defensa (983). A nivel de organismos, el CONICET, con 25.686 trabajadores, y el ARCA, con 18.939, se ubican entre los de mayor peso en la estructura pública.
El avance de la política de “motosierra” generó un fuerte rechazo sindical. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya había denunciado semanas atrás un intento de poda del 10% de la planta en organismos descentralizados clave, como el INDEC, la ANSES y el ENARGAS, entre otros. En ese contexto, su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que los empleados se niegan a ser “empujados por debajo de la línea de pobreza” y reclamó la reapertura de paritarias y una recomposición salarial urgente.
“Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata”, sostuvo Aguiar durante el paro nacional realizado en diciembre.
El trasfondo de estas medidas es el ajuste fiscal impulsado por la gestión de Milei. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima que entre 2023 y 2025 el gasto público nacional se redujo en términos reales un 27%, equivalente a unos 50 billones de pesos a precios de noviembre de 2025 (cerca de USD 38.000 millones). Una porción significativa de esa baja se explica por el recorte en jubilaciones, programas sociales y salarios públicos.
En paralelo, las partidas destinadas a remuneraciones de empleados nacionales registraron una caída real del 25,8%, lo que representa 6,3 billones de pesos menos. Ese ajuste combina dos factores: la reducción de la planta de personal y la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos frente a la inflación. Con la nueva meta de recortar otro 10% de la dotación, el Gobierno apuesta a consolidar el rumbo de austeridad, mientras los sindicatos anticipan más conflictos y medidas de fuerza en defensa de las fuentes de trabajo.
