El oficialismo mueve sus fichas para sostener el decreto 941/25
NewsITe
El gobierno de Javier Milei definió una estrategia legislativa para blindar en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, con el que reformó en profundidad el sistema de inteligencia nacional y el funcionamiento de la histórica SIDE, hoy Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Mientras la oposición reclama un tratamiento urgente y acude a la Justicia para frenar su aplicación, la Casa Rosada apuesta a los tiempos parlamentarios y a la correlación de fuerzas en ambas Cámaras.
El DNU, firmado en el cierre del año pasado, introduce cambios sensibles en la Ley de Inteligencia Nacional: redefine competencias entre organismos, reorganiza estructuras internas, crea nuevos ámbitos de coordinación y fija un marco más detallado para la producción de inteligencia estratégica del Estado. Uno de los puntos que generó mayor controversia es la facultad para que el personal de inteligencia pueda llevar adelante aprehensiones de personas bajo supuestos específicos, algo que bloques opositores consideran una ampliación riesgosa de atribuciones.
Desde Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica advirtieron que una reforma de tal magnitud no debería concretarse por vía de DNU y que no se verifica el contexto de “necesidad y urgencia” exigido por la Constitución. En esa línea, presentaron notas formales a los presidentes de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, para que se conformen dos órganos clave de control: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
El juego de los tiempos y el rol de las comisiones bicamerales
La comisión bicameral de Inteligencia, integrada por 14 legisladores, tiene a su cargo el monitoreo de los organismos del área. La bicameral de Trámite Legislativo, con 16 miembros, es la encargada de analizar la validez de los DNU. Según admiten en off fuentes del oficialismo, parte de la estrategia consiste en demorar la conformación de ambas comisiones durante el receso y estirar la discusión hasta marzo, aprovechando los plazos reglamentarios.
La normativa establece que el Poder Ejecutivo dispone de 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. A partir de allí, la bicameral tiene otros 10 días hábiles para emitir dictamen. Si el cuerpo no está constituido, los plazos se consumen y recién vencido ese término las Cámaras quedan habilitadas para debatir en el recinto. Con ese esquema, la discusión legislativa sobre el DNU 941/25 se proyecta, en el mejor de los casos, hacia fines de enero y principios de febrero.
Para que un DNU caiga, ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple. Esto abre una ventana para que el Gobierno concentre sus esfuerzos en sostener el apoyo en una sola de ellas, tal como ocurrió con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado por el Senado pero nunca llegó al recinto de Diputados por falta de consenso opositor suficiente.
Oposición, aliados y el mapa de votos en el Congreso
En Diputados, la oposición evalúa la posibilidad de convocar a una sesión especial en febrero. El peronismo, con 93 bancas, podría articular con los 22 diputados de Provincias Unidas, los 4 de la Izquierda y algunos legisladores sueltos, como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Ese núcleo rondaría los 121 votos, aún por debajo del quórum de 129, por lo que deberían sumar al menos ocho voluntades adicionales.
El rol de los gobernadores y de la Unión Cívica Radical aparece como decisivo. Los radicales, por ahora, mantienen silencio y aseguran que aún analizan el texto en consulta con los mandatarios provinciales. Las provincias aliadas, que cerraron el año con un entendimiento con la Casa Rosada en el marco del Presupuesto 2026, tampoco dieron señales de ruptura en el tablero parlamentario.
El PRO, por su parte, expresó reparos pero respaldó políticamente la reforma mediante un comunicado, en el que señaló que los cambios “podrían resultar positivos”, aunque exigió conocer en detalle protocolos de actuación, reglas de empeñamiento y alcances operativos. En La Libertad Avanza consideran que el Senado ofrece un escenario más accesible para sostener el decreto y relativizan la capacidad de la oposición para bloquearlo también en la Cámara baja.
Choque institucional por el control de los DNU
Otro eje de conflicto será el encuadre reglamentario. El oficialismo sostiene que el tratamiento del DNU deberá ajustarse a la agenda que trace el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, donde ya figuran temas como la reforma laboral o la ley de glaciares. La oposición retruca que el control de los decretos tiene un régimen propio, autónomo y de cumplimiento obligatorio, que no puede quedar supeditado a la voluntad política del Presidente.
Con planteos judiciales en marcha, una oposición fragmentada pero activa y un oficialismo que busca capitalizar cada voto, el futuro del DNU 941/25 se definirá en una combinación de reglamento, tiempos procesales y cálculo político fino. Como suele recordarse en los pasillos del Congreso, “el recinto es soberano”: la interpretación final no será solo jurídica, sino también resultado de la fuerza que logre reunir cada bloque al momento de levantar la mano.
“El control de los DNU es una facultad indelegable del Congreso y no puede depender de la voluntad del Poder Ejecutivo”, remarcan en la oposición, anticipando una pulseada institucional que promete extenderse durante el verano parlamentario.
