El conflicto por el fin de los subsidios a los combustibles deja turistas aislados
NewsITe
El Gobierno de Bolivia dispuso un operativo urgente para evacuar a 135 turistas extranjeros que habían quedado varados en la ciudad de Uyuni, epicentro de uno de los principales conflictos sociales que atraviesa el país andino por el fin de la subvención a los combustibles. Los visitantes se encontraban imposibilitados de continuar sus viajes debido a los múltiples bloqueos de caminos protagonizados por sindicatos y organizaciones sociales.
Según informó el Ministerio de Turismo y Cultura mediante un comunicado oficial, se enviaron dos vuelos chárter de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) con el objetivo de “extraer” a los turistas que viajaban por tierra y quedaron aislados por los cortes de ruta. Si bien no se detallaron las nacionalidades de las personas asistidas, se indicó que corresponden a diversos países y que estaban realizando circuitos turísticos en la región del salar de Uyuni.
El salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí, en la zona altiplánica del sudoeste boliviano, es considerado el desierto de sal más grande del mundo, con más de 10.500 kilómetros cuadrados de extensión. Se trata de uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia y de Sudamérica, lo que agrava el impacto económico y de imagen que genera la conflictividad social actual.
La ministra de Turismo y Culturas, Cinthia Yáñez, explicó que la decisión de recurrir a la “extracción aérea de los visitantes extranjeros” respondió al agravamiento de los bloqueos de caminos impulsados por sindicatos articulados en la Central Obrera Boliviana (COB). La funcionaria advirtió que la reiteración de conflictos de este tipo golpea con fuerza la percepción internacional sobre la seguridad de Bolivia como destino turístico.
Impacto en la economía local y en la imagen del destino
Yáñez señaló que los bloqueos generan importantes pérdidas económicas para operadores turísticos, hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios, no solo en Uyuni sino también en otras regiones afectadas por los cortes de ruta. La cancelación de reservas, la imposibilidad de circular y la incertidumbre frente al desarrollo del conflicto se traducen en un golpe directo a la actividad, clave para muchas economías locales.
En paralelo, la Policía Boliviana reportó al menos 45 puntos de bloqueo activos en los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Estos cortes interrumpen el tránsito de vehículos, mercancías y turistas entre el oriente y el occidente del país, dificultando la vida cotidiana y el comercio interno en plena temporada alta para el turismo.
El trasfondo: el fin de los subsidios a los combustibles
Las protestas están encabezadas por la COB y sus sectores afiliados, que desde hace 20 días mantienen movilizaciones para exigir al presidente Rodrigo Paz la abrogación del decreto 5503. Esa norma puso fin, después de más de dos décadas, a la subvención estatal sobre los combustibles, lo que derivó en aumentos de entre el 86 % y el 162 % respecto de los valores anteriores.
- El decreto fijó el precio de la gasolina especial en 6,96 bolivianos por litro (alrededor de 1 dólar).
- La gasolina premium pasó a costar 11 bolivianos por litro (unos 1,58 dólares).
- El diésel se ubicó en 9,80 bolivianos por litro (cerca de 1,40 dólares).
Como contrapartida, el Gobierno acompañó la medida con un incremento del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos mensuales, y con aumentos en los bonos para estudiantes del sistema público y en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social. Sin embargo, los sindicatos sostienen que el decreto es “inconstitucional” y que el alza de los combustibles afectará de manera generalizada el costo de vida.
“El efecto de lo que está ocurriendo sobre la imagen turística del país es enorme. Bolivia ya se considera insegura por la frecuencia con la que atraviesa por conflictos sociales”, advirtió la ministra Cinthia Yáñez.
Mientras continúan las manifestaciones y tras el fracaso del último intento de diálogo entre el Gobierno y la COB, la atención permanece puesta en el impacto inmediato sobre el turismo y la economía regional. El rescate aéreo de los 135 turistas en Uyuni busca, al menos parcialmente, mitigar el daño reputacional y humanitario, pero el conflicto de fondo sigue abierto y sin una solución a la vista.
