La Haya inicia audiencias clave por las denuncias de genocidio
NewsITe
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, comenzó este lunes una nueva etapa de audiencias en el caso impulsado por Gambia contra Birmania (Myanmar) por presunto genocidio contra la minoría musulmana rohingya. El proceso, que adquirió relevancia mundial desde su presentación en 2019, vuelve a poner bajo la lupa a las autoridades birmanas por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las operaciones militares y los desplazamientos masivos hacia Bangladesh.
La denuncia fue elevada por Gambia con el respaldo de 57 Estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica, que se presentaron como parte interesada ante la CIJ. El pedido se basa en la presunta violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, tratado que Birmania ratificó y por lo tanto está obligada a respetar. El caso podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad internacional por crímenes contra minorías étnicas.
En la apertura de las audiencias, el ministro de Justicia de Gambia, Dawda A. Jallow, defendió la decisión de llevar la situación ante la justicia internacional. Sostuvo que la presentación no fue “apresurada” ni “política”, sino el resultado de un análisis exhaustivo de informes que documentan delitos extremadamente graves contra un grupo históricamente marginado. También remarcó que la propia experiencia de Gambia bajo una dictadura militar reforzó la convicción de que el silencio y la inacción solo alimentan la impunidad.
Según la documentación puesta a consideración de la CIJ, la comunidad rohingya habría sufrido años de persecución sistemática, especialmente desde octubre de 2016 y, con mayor intensidad, a partir de agosto de 2017. Los reportes mencionan operaciones de “limpieza” generalizadas a manos del Ejército birmano y otras fuerzas de seguridad, con el presunto objetivo de eliminar al grupo étnico, total o parcialmente, mediante asesinatos, violencia sexual, incendios intencionales de aldeas y otros ataques contra la población civil.
Crímenes denunciados y consecuencias humanitarias
Los hechos atribuidos a las fuerzas birmanas incluyen ejecuciones extrajudiciales, golpizas, violaciones, destrucción de viviendas y cultivos, matanza de animales de granja, así como el bloqueo deliberado de alimentos y bienes esenciales. Estas acciones, de acuerdo con los documentos judiciales, habrían creado condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de la comunidad rohingya, forzando el éxodo de decenas de miles de personas hacia Bangladesh.
Gambia solicitó a la CIJ que declare que Birmania violó sus obligaciones internacionales y que ordene medidas para prevenir nuevos crímenes. Entre los reclamos figuran la adopción de acciones concretas para proteger a los rohingyas, el castigo de los responsables, la reparación a las víctimas y la creación de condiciones seguras para el retorno de quienes huyeron, junto con el reconocimiento de su ciudadanía y plenos derechos humanos.
- El pedido de medidas cautelares llevó a una primera decisión clave en enero de 2020, cuando la CIJ ordenó a Birmania prevenir cualquier acto que pudiera constituir genocidio.
- También se instó a preservar pruebas, incluyendo restos de posibles víctimas y sitios donde habrían ocurrido los ataques, para evitar su destrucción u ocultamiento.
La causa tiene su origen en la iniciativa de Abubacarr Marie Tambadou, exministro de Justicia gambiano, quien visitó los campos de refugiados rohingyas en Cox’s Bazar, Bangladesh. Tambadou, con experiencia previa en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, advirtió similitudes entre los testimonios recogidos y patrones de violencia observados en otros genocidios del siglo XX, lo que motivó la presentación formal ante la CIJ.
El rol de Birmania y el futuro del caso en la CIJ
El contexto político birmano es un factor clave en el desarrollo del proceso. Aung San Suu Kyi, en su momento referente global de la lucha democrática y premio Nobel de la Paz, quedó en el centro de las críticas cuando defendió al Estado birmano ante la CIJ durante las primeras audiencias. Si bien el gobierno negó la existencia de un genocidio, reconoció “excesos” en la respuesta militar y calificó la denuncia de Gambia como “engañosa”.
Organismos internacionales y misiones de Naciones Unidas han señalado, sin embargo, que la campaña militar lanzada tras ataques del Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA) en el estado de Rajine mostró rasgos de “intención genocida”. Más de 700.000 rohingyas se vieron obligados a huir a Bangladesh, mientras Birmania les sigue negando la ciudadanía y los derechos asociados a ella, profundizando su situación de apatridia.
La Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 94, establece que los Estados miembro se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, lo que otorga especial peso a un eventual fallo en este caso.
Las audiencias actuales en La Haya se extenderán hasta el 29 de enero, período en el que la CIJ evaluará la documentación, los argumentos de ambas partes y los testimonios incorporados al expediente. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo del juicio, que podría marcar un antes y un después en las vías de reparación y justicia para la minoría rohingya, así como en la aplicación de la Convención contra el Genocidio frente a crímenes contemporáneos.
