La AFA aseguró en su comunicado que respondió la intimación del organismo, presentó los descargos de los ejercicios 2017 a 2023 y sostuvo que cumplió con todas las obligaciones formales, además de ratificar que el cambio de jurisdicción fue legal y aprobado.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó mediante un comunicado que contestó formalmente la intimación cursada por la Inspección General de Justicia (IGJ). Allí detalló que entregó los descargos contables correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2023. Al mismo tiempo, negó de manera categórica cualquier tipo de incumplimiento. Mediante un extenso comunicado, la entidad brindó aclaraciones sobre la situación ante sus asociaciones afiliadas y la opinión pública.
El texto fue difundido luego de las reiteradas declaraciones públicas del Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo. La AFA respondió con una reconstrucción administrativa del trámite y de su vínculo institucional con el organismo. En ese marco, sostuvo que no existió ninguna maniobra irregular ni ocultamiento de información.
El cambio de jurisdicción y la intervención de la IGJ
La asociación desmintió que su cambio de jurisdicción haya sido ilegal o realizado de manera encubierta. Según explicó, la decisión fue aprobada en asamblea, contó con la fiscalización de veedores designados por la propia IGJ y luego fue certificada por ese mismo organismo.
Además, detalló que en noviembre de 2024 la Inspección General de Justicia emitió el certificado de vigencia necesario para que la AFA pudiera inscribirse en la Provincia de Buenos Aires. Ese documento, según remarcó la entidad, avaló formalmente el traspaso y dejó constancia de la situación administrativa regular.
Balances, notificaciones y certificados de vigencia
En relación con los estados contables, la AFA afirmó que todos los balances entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma. Indicó que solo una vista, correspondiente al ejercicio 2017, fue debidamente notificada por la IGJ y respondida dentro de los plazos legales.
En cambio, sostuvo que el resto de las observaciones que hoy se mencionan de manera pública nunca fueron notificadas conforme lo exige la normativa. En ese sentido, denunció demoras de hasta tres años en el análisis de los expedientes, irregularidades formales y archivos sin fundamento administrativo.
La entidad también subrayó que durante esos mismos años solicitó y obtuvo de manera regular certificados de vigencia emitidos por la propia IGJ. En esos documentos, el organismo dejó constancia expresa de que la AFA se encontraba al día con la presentación de balances y con la documentación posterior a las asambleas.
El último de esos certificados, fechado en noviembre de 2024, ratificó esa situación. Este hecho, según la asociación, entra en contradicción directa con las acusaciones que se formulan actualmente desde el organismo de control.
Alcances del control estatal y fiscalización actual
Otro de los ejes del comunicado estuvo centrado en los límites de la intervención de la IGJ. La AFA recordó que ese organismo no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, una función que corresponde exclusivamente a los socios, y que su competencia se limita al control de la legalidad formal de los actos.
Además, remarcó que en la actualidad la asociación se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, como consecuencia del cambio de jurisdicción ya formalizado.
Rechazo a las acusaciones y cierre del comunicado
Finalmente, la AFA rechazó las declaraciones públicas que la acusan de ocultar información o de haberse “escapado” de la jurisdicción porteña. En el cierre del comunicado, la entidad denunció una utilización mediática y política del procedimiento administrativo en curso y ratificó que cumplió con todas las exigencias formales exigidas por los organismos de control.
