El Gobierno prioriza la reforma laboral y demora el nuevo Código Penal

El oficialismo redefine su hoja de ruta legislativa para el verano

Funcionarios del Gobierno nacional evalúan la agenda legislativa sobre reforma laboral y Código Penal

NewsITe

El Gobierno nacional comenzó a reactivar su maquinaria política sobre el cierre de la primera quincena de enero y todo indica que la prioridad en el frente legislativo será la reforma laboral. Según confiaron a este medio diversas fuentes oficiales, la Casa Rosada evalúa postergar para las sesiones ordinarias el debate del proyecto de reforma integral del Código Penal, con el objetivo de concentrar capital político y negociaciones en la aprobación de la llamada Modernización Laboral durante el mes de febrero.

En el oficialismo señalan que la decisión final quedará en manos del presidente Javier Milei, pero en la mesa chica libertaria gana terreno la idea de discutir los cambios al régimen penal recién a partir del 1° de marzo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones en el Congreso. La lógica es similar a la aplicada en diciembre, cuando el Ejecutivo optó por postergar debates para asegurar primero la sanción del Presupuesto 2026 y de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

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“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, sostuvo un importante funcionario, graficando la estrategia de segmentar las discusiones legislativas para evitar que se superpongan y pierdan fuerza. En Balcarce 50 reconocen que el temario ya enviado para la prórroga de sesiones extraordinarias es lo suficientemente amplio y que sumar ahora una reforma penal de gran envergadura podría recargar la negociación con gobernadores y bloques aliados.

Un Código Penal extenso y de alto impacto político

El proyecto de reforma del Código Penal fue elaborado por la mesa judicial del Gobierno, encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. La iniciativa, que aún no fue girada al Congreso, incluiría más de 900 artículos y apunta a endurecer las penas para delitos considerados graves, otorgando a jueces y fiscales nuevas herramientas para evitar lo que el oficialismo describe como “arbitrariedades” en la aplicación de la ley.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, resumió el espíritu del texto en tres ejes: acelerar los tiempos de la Justicia, asegurar que las condenas no sean percibidas como leves por la sociedad y garantizar un cumplimiento efectivo de las penas. “El que la hace, la paga”, es la consigna que repiten en el entorno libertario para explicar la orientación de la política criminal.

Además de Caputo y Amerio, participaron en la redacción la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la propia Bullrich, hoy senadora, y el abogado penalista Fernando Soto, integrante del equipo de la ex funcionaria. La iniciativa se encuentra, según trascendió, en su tramo final de elaboración técnica, a la espera de la decisión política sobre el momento más conveniente para su envío al Parlamento.

La mesa política se alinea detrás de la reforma laboral

Mientras tanto, la prioridad inmediata será la reforma laboral, considerada por Milei como uno de los pilares de la segunda etapa de su administración. El próximo viernes, ya concluido el receso vacacional, se reunirá por primera vez en 2026 la mesa política del Gobierno para definir los detalles de la hoja de ruta parlamentaria y ordenar el despliegue de negociaciones con aliados y gobernadores.

De ese ámbito participan figuras clave del engranaje oficialista: Santiago Caputo y Patricia Bullrich, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como interlocutores con ambas cámaras; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado del diálogo con las provincias. Toda la coordinación estará a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien oficiará de nexo directo con Javier y Karina Milei.

  • Prioridad a la reforma laboral en las sesiones extraordinarias.
  • Postergación del nuevo Código Penal para el período ordinario.
  • Más de 900 artículos previstos para la reforma penal integral.
  • Fuerte involucramiento de la mesa política y judicial del Gobierno.

“Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no las sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace, la paga”, sintetizó Patricia Bullrich al presentar los lineamientos de la reforma penal.

En la Casa Rosada confían en que, si se logra un nuevo triunfo legislativo con la reforma laboral durante el verano, el oficialismo arribará a las sesiones ordinarias con mayor margen para encarar un debate de largo aliento sobre el nuevo Código Penal, una de las apuestas más sensibles en materia de seguridad y política criminal del Gobierno libertario.

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