La Justicia brasileña retuvo el pasaporte de una abogada argentina de 29 años y le colocó una tobillera electrónica tras una denuncia por insultos racistas en un bar de Río de Janeiro.
Una abogada argentina de 29 años quedó retenida en Brasil luego de ser acusada de realizar insultos y gestos racistas contra un empleado de un bar en Ipanema, Río de Janeiro. La Justicia brasileña dispuso la retención de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica mientras avanza la investigación.
El hecho ocurrió el pasado miércoles por la noche en un bar ubicado en la zona sur de la ciudad. Según la denuncia difundida por la Policía Civil local, el episodio se originó a partir de una discusión por el pago de la cuenta.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por medios brasileños, la mujer, identificada como Agostina Paez y oriunda de Santiago del Estero, se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigas. Al momento de retirarse, un empleado detectó un error en la factura y comenzó una discusión.
En ese contexto, la joven realizó gestos y expresiones que el trabajador interpretó como racistas. Para constatar lo ocurrido, el empleado revisó las cámaras de seguridad del local. Mientras tanto, según consignó el medio O’Globo, el gerente del bar solicitó a la mujer que permaneciera en el establecimiento.
Tras confirmar los hechos, el personal del bar realizó la denuncia ante la policía local. Según la información difundida por las autoridades de Río de Janeiro, Paez dirigió insultos y gestos ofensivos de contenido racial al empleado, además de utilizar la palabra “mono”, considerada discriminatoria en ese contexto.
Medidas cautelares
El caso quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte de la joven argentina y la imposición de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
De acuerdo con G1, la abogada se presentó a declarar y recibió ambas medidas cautelares este sábado, tras comparecer ante la autoridad judicial. Las autoridades confirmaron que permanecerá bajo monitoreo electrónico y sin posibilidad de abandonar Brasil mientras se resuelve su situación procesal.
La investigación, encabezada por la Policía Civil, busca determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias del incidente. Los registros de cámaras y los testimonios forman parte de las pruebas incorporadas a la causa.
Las autoridades señalaron que el proceso se enmarca en la política de tolerancia cero frente a actos de racismo y discriminación. En paralelo, el Ministerio Público evalúa la posibilidad de presentar cargos formales por discriminación racial, lo que podría derivar en una causa penal de mayor gravedad.
Hasta el momento, la defensa de la acusada no respondió a los pedidos de declaración de los medios y no se informó sobre la existencia de antecedentes en su contra. La investigación continuará durante las próximas semanas.
