La agencia de recaudación denunció a la AFA ante la Justicia federal por presuntas salidas no documentadas y el uso de facturas apócrifas, con un perjuicio fiscal estimado en más de $375 millones, surgido de fiscalizaciones sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos. La acusación apunta a movimientos de dinero sin respaldo válido y estima, de manera preliminar, un perjuicio fiscal que supera los 375 millones de pesos, según información consignada por Infobae.
La presentación judicial se originó tras tareas de fiscalización y análisis realizadas por ARCA, que detectaron pagos efectuados por la AFA sin documentación suficiente para justificar el destino real de los fondos. Según el planteo del organismo, estas maniobras habrían vulnerado los mecanismos de control fiscal vigentes y podrían encuadrar en una infracción penal tributaria, de acuerdo con la legislación actual.
La agencia recaudadora puso a disposición de la Justicia federal todo el material probatorio reunido y continúa avanzando en paralelo con las acciones administrativas correspondientes, en el marco de sus atribuciones legales. La investigación se encuentra en etapa de instrucción y, por el momento, no existe una imputación penal formal.
Esta nueva denuncia se suma a una presentación previa realizada por ARCA, que incluyó una ampliación con mayor volumen de pruebas, por una presunta evasión tributaria y previsional que superaría los 19 mil millones de pesos.
El origen de la investigación y el alcance de la fiscalización
El expediente se inició luego de una fiscalización integral sobre las operaciones de la AFA realizadas entre marzo de 2023 y junio de 2025. El proceso comenzó a partir de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la entidad.
A partir de esos indicadores, el organismo profundizó los controles y detectó pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que reúne a firmas consideradas apócrifas o sin capacidad económica real. La investigación no se limitó a una revisión formal de comprobantes, sino que incorporó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales.
Los investigadores identificaron un patrón reiterado: empresas que emitían facturas por montos elevados, pero que carecían de empleados registrados, infraestructura, activos o antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados. En varios domicilios informados, los inspectores no lograron localizar actividad comercial o encontraron viviendas particulares sin señales de operación económica.
Como resultado de la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026, otorgándole los plazos legales para presentar su descargo y la documentación respaldatoria.
Ajustes fiscales, descargos y ampliación del caso
Según consta en el expediente, la AFA rechazó las liquidaciones practicadas por ARCA y manifestó su disconformidad con los ajustes determinados. Ante esa postura, el organismo avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, una instancia que habilita una revisión más profunda cuando el contribuyente no acepta la determinación fiscal inicial.
En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente analizados. Esta situación amplió tanto el período bajo investigación como la cantidad de operaciones y empresas alcanzadas por el control fiscal.
La cuantificación provisoria de los ajustes muestra un impacto significativo. Para el período fiscal 2025, ARCA determinó ajustes por más de 170 millones de pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas. En el ejercicio 2024, el monto asciende a casi 182 millones de pesos, mientras que en 2023 se suman más de 22 millones por el mismo concepto. A ello se agrega un ajuste de IVA correspondiente a 2023, por más de 1,1 millón de pesos.
En conjunto, el monto determinado supera los 375 millones de pesos, sin contemplar intereses resarcitorios ni eventuales multas, y permanece sujeto a modificaciones conforme avance el procedimiento administrativo y judicial.
Proveedores observados y encuadre legal de la acusación
Uno de los ejes centrales de la causa es el análisis individual de los proveedores cuestionados. Más de una decena de firmas presentan irregularidades similares: domicilios inexistentes o incongruentes con la actividad declarada, falta de personal registrado, ausencia de maquinaria o activos necesarios para los servicios facturados y movimientos bancarios considerados atípicos, como retiros inmediatos de fondos o circuitos cerrados de dinero.
ARCA documentó estas situaciones en anexos incorporados al expediente, con actas de inspección, registros fotográficos, informes bancarios y análisis de capacidad económica. En varios casos, los socios o directivos de las empresas investigadas integran múltiples sociedades, algunas de ellas incluidas en la base de contribuyentes no confiables.
La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Según la interpretación fiscal, la mera existencia de una factura no alcanza para justificar la deducción de un gasto si no se acredita la prestación real del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad efectiva del proveedor.
Los informes incorporados al expediente sostienen que, por el volumen de las operaciones, la reiteración de proveedores y las inconsistencias detectadas, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones. Para los investigadores, no se trata de errores administrativos aislados, sino de un esquema que se habría repetido durante varios ejercicios fiscales.
Ante la magnitud de las irregularidades, ARCA informó formalmente al juez interviniente y solicitó continuar con medidas de prueba adicionales, incluyendo nuevos requerimientos de información. La causa permanece abierta y las responsabilidades finales dependerán del avance de las actuaciones y de las decisiones que adopte la Justicia, según indicaron fuentes judiciales consultadas por Infobae.
Mientras tanto, la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa en las instancias administrativas y judiciales, en una investigación que mantiene la atención en los ámbitos fiscal, judicial y deportivo por el volumen económico involucrado y la complejidad del esquema bajo análisis.
