La Casa Blanca analiza desde ataques selectivos hasta una presión militar más amplia para influir en el escenario interno iraní, mientras aliados regionales y analistas advierten que una escalada podría agravar la inestabilidad sin garantizar un cambio político.

El presidente, Donald Trump, analiza un abanico de opciones contra Irán que van desde ataques selectivos hasta acciones de mayor escala, con el objetivo declarado de generar condiciones para un eventual cambio político. Las deliberaciones se producen tras una represión que sofocó un movimiento de protestas a nivel nacional a comienzos de este mes y que dejó miles de muertos, según distintas estimaciones.
De acuerdo con fuentes familiarizadas con las discusiones en Washington, Trump considera la posibilidad de golpear a fuerzas de seguridad e instituciones señaladas como responsables de la violencia, así como a líderes específicos, con la intención de alentar a los manifestantes a avanzar sobre edificios gubernamentales y de seguridad. Sin embargo, el mandatario aún no tomó una decisión definitiva y mantiene abiertas todas las alternativas, incluida la vía militar.
Las mismas fuentes indicaron que el despliegue reciente de un portaaviones estadounidense y buques de apoyo en Medio Oriente amplió las capacidades operativas de Estados Unidos, luego de reiteradas advertencias públicas de Trump sobre una eventual intervención frente a la represión iraní. En paralelo, el presidente instó a Teherán a retomar negociaciones sobre su programa nuclear y advirtió que cualquier ataque futuro sería “mucho peor” que la campaña de bombardeos de junio contra instalaciones nucleares.
Funcionarios israelíes y árabes expresaron reparos ante esta estrategia. Coincidieron en que el poder aéreo, por sí solo, no alcanzaría para derrocar al régimen clerical iraní y advirtieron que una acción militar podría debilitar aún más a un movimiento opositor ya golpeado por la represión, en lugar de fortalecerlo. Estas preocupaciones surgieron en entrevistas realizadas por Reuters a más de una decena de fuentes diplomáticas y oficiales.
Límites del poder aéreo y fragilidad del escenario interno
Un alto funcionario israelí con conocimiento directo de la planificación conjunta sostuvo que, si el objetivo fuera un cambio de régimen, sería necesaria una combinación de presión externa y una oposición interna organizada. Según su visión, incluso la eliminación del líder supremo no garantizaría una transformación estructural, ya que el sistema podría reemplazar rápidamente a la figura central sin alterar su esencia.
Informes de inteligencia estadounidenses llegaron a conclusiones similares. Reconocieron que las condiciones que impulsaron las protestas —crisis económica, malestar social y desgaste del liderazgo— continúan vigentes, pero señalaron que no se detectan fracturas profundas dentro del aparato estatal ni deserciones militares significativas. En ese contexto, analistas advirtieron que las protestas, aunque persistentes, carecen de la capacidad de fuego necesaria para imponerse a las fuerzas de seguridad.
El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, reconoció públicamente miles de muertes durante los disturbios y responsabilizó a Estados Unidos, Israel y a sectores a los que calificó de “sediciosos”. Organizaciones de derechos humanos estimaron cifras más elevadas de víctimas, aunque esos números no pudieron ser verificados de manera independiente.
A sus 86 años, Jamenei redujo sus apariciones públicas y se replegó de la gestión cotidiana, que recae cada vez más en figuras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. No obstante, conserva la autoridad final sobre decisiones clave como la guerra, la sucesión y la estrategia nuclear, lo que limita cualquier posibilidad de cambio político mientras permanezca en el poder.
Riesgos regionales y temor a un efecto desestabilizador
En Washington y Jerusalén, algunos funcionarios consideran que una eventual transición en Irán podría destrabar el estancamiento nuclear y abrir la puerta a una relación menos conflictiva con Occidente. Sin embargo, diplomáticos occidentales y árabes alertaron sobre la ausencia de un sucesor claro y el riesgo de que la Guardia Revolucionaria consolide aún más su control, endureciendo el régimen y profundizando las tensiones.
Los países del Golfo manifestaron su oposición a un ataque contra Irán por temor a represalias directas. Arabia Saudita, Qatar, Omán y Egipto transmitieron a Washington su preocupación ante la posibilidad de misiles o ataques con drones contra su territorio. Desde Riad, el príncipe heredero saudí dejó en claro que su país no permitirá el uso de su espacio aéreo ni de su territorio para operaciones militares contra Teherán.
Funcionarios regionales advirtieron que el colapso del Estado iraní podría desencadenar una inestabilidad de gran escala en una nación de 90 millones de habitantes, con profundas divisiones sectarias y étnicas. Un escenario de fragmentación, similar al vivido en Irak tras la invasión de 2003 o a una “Siria en fase inicial”, podría provocar guerras internas, flujos masivos de refugiados y graves interrupciones en el suministro energético a través del Estrecho de Ormuz.
Analistas coincidieron en que el desenlace más probable no sería un colapso inmediato, sino una erosión progresiva del sistema, marcada por parálisis económica, disputas sucesorias y deserciones parciales dentro de la élite. Ese proceso, sostienen, podría desgastar al régimen con el tiempo, aunque con costos regionales elevados y un alto grado de incertidumbre sobre el resultado final.

