El Cuerpo Médico Forense analizará las muestras mientras avanza la causa que tiene procesados y detenidos por la adulteración del opioide.
La Justicia Federal ratificó que son 111 las personas fallecidas por la inoculación de fentanilo contaminado, luego de remitir al Cuerpo Médico Forense el listado completo de víctimas, tal como habían anticipado fuentes del caso.
El estudio se realizó durante la Feria Judicial, período en el que se analizaron 159 situaciones, mientras que 48 pacientes lograron sobrevivir al opioide adulterado.
Especialistas del Cuerpo Médico Forense deberán examinar las muestras recibidas y, si confirman estos resultados, podría agravarse la situación procesal de 14 imputados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, había indicado una fuente cercana al expediente.
García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, está considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar la muerte de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Al empresario se le atribuye haber participado junto a 16 integrantes del plantel de ambos laboratorios mediante “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 del opioide, el cual estaba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
El escrito sostiene que “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.
Imputadas en San Nicolás
Entre los imputados por la adulteración del fentanilo se encuentran dos mujeres radicadas en San Nicolás, vinculadas a Laboratorios Ramallo S.A.: Carolina Ansaldi y Dayana Astudillo.
Ansaldi, farmacéutica nicoleña representada por los defensores Gabriel Palmeiro y Martín Villa, cumple prisión domiciliaria. De confirmarse la calificación, podría enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.
Astudillo, de nacionalidad venezolana y residente en San Nicolás, es defendida por Agustín Tanús y también afronta la causa judicial por su presunta vinculación con la producción y liberación de los lotes investigados.
Las defensas apelaron las resoluciones judiciales y cuestionan la calificación legal, la aplicación del dolo eventual y el nexo causal entre el medicamento contaminado y los fallecimientos.
Reclamo
En paralelo a la investigación, los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país vinculada a la inoculación con un opioide contaminado con bacterias.
En más de seis meses de causa, se llevaron a cabo tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para visibilizar el reclamo y mantener presentes los nombres de las víctimas.
