El Poder Ejecutivo descartó, al menos por ahora, presentarse como querellante en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y ratificó que el expediente debe ser analizado exclusivamente por la Justicia.
El Gobierno nacional mantiene su decisión de no involucrarse judicialmente en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por la cual ya fue procesado su ex titular, Diego Spagnuolo, junto a otras 18 personas. Por el momento, el Poder Ejecutivo no evalúa presentarse como querellante y sostiene que se trata de un expediente que debe ser analizado exclusivamente por la Justicia.
En la Casa Rosada remarcan que no existe una estrategia judicial en marcha vinculada a este caso y que las medidas institucionales ya se adoptaron cuando se conocieron los audios que originaron la denuncia. En ese sentido, las autoridades aseguran que confían en la inocencia de los funcionarios nacionales mencionados en el expediente, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes oficiales, el Ejecutivo considera que el traslado de las funciones de la ANDIS al Ministerio de Salud constituyó una decisión orientada a garantizar mayor transparencia en el organismo. “Es un tema que está investigando la Justicia. El Gobierno transfirió las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la transparencia en el organismo”, señaló una persona cercana a la cúpula libertaria en diálogo con ese medio.
Desde el oficialismo también minimizaron el impacto político de la situación judicial de Spagnuolo y subrayaron que será su defensa la encargada de brindar las explicaciones correspondientes ante las acusaciones. En esa línea, descartaron por ahora cualquier cambio de postura respecto de una eventual participación del Estado como parte acusadora.
El procesamiento judicial y la investigación por asociación ilícita
Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello resolvió procesar a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita, además de imputarlo por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. En su resolución, el magistrado sostuvo que la investigación permitió reconstruir “la actividad delictiva desplegada por una organización criminal” integrada por funcionarios del organismo y actores privados.
De acuerdo con el fallo, la estructura tenía como objetivo generar ganancias millonarias mediante la adjudicación irregular de contrataciones públicas, particularmente en la compra de medicamentos. Para Casanello, se habría montado un “sistema de retornos” a partir de ventas con sobreprecios al Estado, aprovechando el contexto de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos hacia determinadas droguerías.
La causa se inició a partir de una denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, quien se basó en audios difundidos en distintos medios periodísticos. En esas grabaciones, se escucha una voz atribuida a Spagnuolo describiendo un mecanismo para cobrar sobreprecios en medicamentos y repartir las ganancias, que —según afirma— llegaban a los niveles más altos del Gobierno.
La investigación derivó en diversos operativos judiciales, entre ellos el secuestro de 695.457 dólares, cerca de 20 millones de pesos y 1.960 euros a Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Tanto ella como su padre, el empresario Miguel Ángel Calvete, fueron procesados como partícipes necesarios en el expediente.
La posición política y el respaldo presidencial
Pese a que en el expediente aparecen mencionados funcionarios que continúan en funciones, el Poder Ejecutivo reiteró que no solicitará, al menos por ahora, ser querellante en la causa. “Por ahora no. Todo está bajo estudio”, explicó un integrante de la mesa judicial del oficialismo, según consignó Infobae, al confirmar que no existe una decisión inminente de avanzar en ese sentido.
En el entorno de Karina Milei también descartaron iniciar acciones legales contra Spagnuolo por presuntas injurias. Argumentaron que no está acreditado que los audios le pertenezcan y recordaron que el ex titular de la ANDIS nunca reconoció públicamente su autenticidad.
Tras la polémica inicial, el presidente Javier Milei respaldó de manera explícita a su hermana y expresó tranquilidad respecto de su situación. “Tengo una absoluta tranquilidad al respecto”, afirmó en una entrevista radial, al tiempo que sostuvo que no pretende interferir en el accionar judicial y confió en que la verdad “tarde o temprano va a salir a la luz”.
De este modo, el Gobierno ratifica su postura de mantenerse al margen del proceso judicial, mientras la causa avanza en los tribunales federales y se profundiza la investigación sobre el presunto entramado de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad.
