La Justicia federal solicitó llevar a juicio oral a un médico y una farmacéutica de Rafaela acusados de emitir más de 600 recetas electrónicas falsas, en una maniobra que habría provocado un perjuicio superior a 1,1 millón de pesos al PAMI.
La Justicia federal solicitó elevar a juicio oral y público una causa que investiga una presunta defraudación al sistema de salud de los jubilados, atribuida a un médico y a una farmacéutica de la ciudad de Rafaela. Ambos están acusados de haber emitido más de 600 recetas electrónicas apócrifas, lo que habría generado un perjuicio económico superior a 1,1 millón de pesos.
Según la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre febrero y septiembre de 2021 y afectaron directamente al PAMI, formalmente denominado Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El requerimiento fue presentado por la fiscalía federal ante el juzgado interviniente, tras dar por concluida la etapa de instrucción.
Cómo funcionaba la maniobra investigada
De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados confeccionaron un total de 636 recetas electrónicas a nombre de 78 afiliados que no formaban parte de la cápita del médico. El análisis técnico permitió establecer que todas las prescripciones fueron emitidas desde computadoras ubicadas en una misma farmacia, a partir del rastreo de las direcciones IP del comercio.
Para concretar las recetas, se utilizó el usuario y la clave del sistema de prescripción electrónica asignados al profesional de la salud. Según la fiscalía, ese acceso resultó determinante para la maniobra, ya que sin esa habilitación no habría sido posible generar las recetas ni percibir los pagos correspondientes por parte de la obra social.
Roles y acusaciones penales
En el requerimiento de elevación a juicio, la farmacéutica fue acusada como autora del delito de defraudación a la administración pública, mientras que el médico fue considerado partícipe necesario. La fiscalía sostuvo que, si bien las operaciones se ejecutaban desde la farmacia, no podrían haberse concretado sin la colaboración del profesional.
Las recetas apócrifas habrían inducido al organismo previsional a realizar disposiciones patrimoniales erróneas y perjudiciales, con el objetivo de obtener un beneficio económico indebido que finalmente fue percibido por la farmacia.
La denuncia y las pruebas reunidas
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el área legal del PAMI ante la fiscalía especializada en delitos vinculados a la obra social. Durante la investigación, se entrevistó a numerosos afiliados cuyos datos figuraban en las recetas cuestionadas.
Según consta en el expediente, varios aseguraron que el médico imputado no era su prestador, otros manifestaron consumir menos medicamentos de los que aparecían prescriptos y algunos indicaron que las recetas provenían de otros profesionales. Con estos elementos, la fiscalía solicitó que ambos imputados enfrenten un debate oral, donde se determinará su eventual responsabilidad penal por la presunta estafa al sistema de salud de los jubilados.
Con información de “Rosario3″…
