La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa fija la imputabilidad desde los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas.
La Cámara de Diputados dio este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos centrales de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. El texto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.
La votación se realizó durante una sesión especial convocada para tratar este tema junto con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El debate expuso posiciones contrapuestas entre los distintos bloques parlamentarios. La iniciativa avanzó pese a las diferencias en torno al alcance de la reforma.
El proyecto oficialista fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves. Además, establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas para adolescentes. Con esta media sanción, la propuesta continuará su recorrido legislativo.
Qué establece la reforma del régimen penal juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.
