El máximo tribunal estadounidense limitó el uso de poderes de emergencia para fijar gravámenes comerciales y dejó sin efecto la mayor parte de los aranceles “recíprocos” que impulsó Donald Trump, con impacto político y económico inmediato.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió anular gran parte de los aranceles denominados “recíprocos” que Donald Trump había impuesto a más de un centenar de países. La decisión cuestiona el uso que la Casa Blanca hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y abre la puerta a eventuales reembolsos por miles de millones de dólares en gravámenes cobrados de manera irregular.
El fallo, que se extiende a lo largo de 170 páginas, no elimina todos los aranceles aplicados durante la Administración Trump. El tribunal se pronunció exclusivamente sobre los gravámenes aprobados bajo el paraguas de la IEEPA, incluidos los dirigidos a socios comerciales y a países como China, Canadá y México. En cambio, quedaron fuera de esta decisión otras tasas específicas, como las aplicadas al acero, el aluminio o el sector automotor.
Por seis votos contra tres, la Corte concluyó que el expresidente hizo un uso excesivamente amplio de los poderes de emergencia que concede la ley, incurriendo en un abuso de esa herramienta legal. El resultado llamó la atención por tratarse de un tribunal de mayoría conservadora, que en reiteradas ocasiones falló a favor de Trump.
La Corte cuestionó el alcance de la ley de poderes económicos de emergencia
La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, y contó con el respaldo de las juezas liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, además de los conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, quienes ya habían expresado dudas sobre la legalidad de los aranceles durante la audiencia oral.
En disidencia, el juez conservador Brett Kavanaugh advirtió que la decisión podría derivar en un “desastre” económico. En un voto separado de 63 páginas, alertó que Estados Unidos podría verse obligado a devolver miles de millones de dólares a importadores que ya trasladaron esos costos a consumidores u otros actores, y anticipó un proceso de reembolsos complejo y problemático.
Antes de conocerse la sentencia, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, había señalado que, si el Supremo fallaba en contra de los aranceles, la Administración avanzaría rápidamente con mecanismos alternativos para restablecerlos y responder a los problemas identificados por Trump.
La decisión judicial se conoció tres meses después de la audiencia en la que los jueces analizaron si el presidente estaba habilitado a invocar la IEEPA para imponer aranceles. En ese debate, varios magistrados —incluidos algunos conservadores— manifestaron su escepticismo respecto de esa potestad.
Consecuencias económicas y marco legal
La ley en cuestión fue aprobada en 1977, durante la presidencia de Jimmy Carter, con el objetivo de limitar el poder presidencial en materia de política económica exterior, tras los excesos atribuidos a la gestión de Richard Nixon.
Aunque el fallo no lo menciona de manera explícita, economistas advierten que la Casa Blanca podría enfrentar devoluciones de hasta 175.000 millones de dólares por aranceles cobrados indebidamente, según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model elaboradas para Reuters.
