El fiscal federal de San Nicolás solicitó la elevación a juicio de la causa derivada del hallazgo de una supuesta avioneta narco abandonada en 2022 en Pergamino. Catorce personas están acusadas de conformar una estructura narcocriminal con conexiones en Bolivia, Perú y Paraguay. La prueba se basa en una combinación de tareas de campo y escuchas telefónicas. También pesan los elementos incautados en los 20 allanamientos realizados en 2023, a través de los cuales se secuestraron más de 16 kilos de cocaína, diez automóviles, más de 43 millones de pesos y 153 mil dólares.

De la redacción de EL NORTE
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En los próximos días, podrían quedar definidas las fechas para un juicio oral por el cual la Justicia Federal de San Nicolás sentará en el banquillo de los acusados a un total de 14 personas sindicadas como integrantes de una red transnacional de narcotráfico. La causa corresponde a la investigación que se había iniciado en 2022 luego del hallazgo de una supuesta avioneta narco abandonada en el Partido de Pergamino, un proceso de instrucción que en 2023 había incluido un total de 20 allanamientos realizados en simultáneo y que arrojaron como resultado el secuestro de más de 16 kilos de cocaína, diez automóviles, unos 43 millones de pesos y 153 mil dólares. Tal como consignó EL NORTE, la Fiscalía Federal de San Nicolás consideró que la prueba reunida resulta suficiente y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
Según consigna el sitio oficial fiscales.gob.ar, la prueba fundamental que sostiene la acusación contra la organización criminal se basa en una combinación de tareas de campo, escuchas telefónicas en tiempo real y los elementos incautados en los allanamientos.
El requerimiento fiscal de elevación a juicio destaca como evidencia clave las escuchas telefónicas donde se detectó lenguaje cifrado, principalmente en la línea del prófugo David Forton Salinas, alias “Piedrita”, hilo conductor de la pesquisa. Como ejemplo, se identificó el siguiente mensaje en la aplicación WhatsApp de uno de los celulares secuestrados: «Buenos días primo, ahí llega los blanco» (sic), dijo “Piedrita”, lo que para la fiscalía fue una referencia a la llegada de un cargamento de cocaína.
“Me han entregado”
Además de las instrucciones logísticas detectadas en las conversaciones, en las que se hablaba de «entregas», también salieron a la luz conflictos internos de la organización. En una escucha tras un enfrentamiento armado en el partido bonaerense de General Rodríguez, Forton Salinas se quejaba del robo de mercadería, al afirmar: «Alguien me ha entregado».
Al mismo tiempo, Gendarmería Nacional realizó seguimientos que permitieron mapear al grupo, con lo cual se pudo documentar repetidamente a otros dos acusados ingresando a domicilios o “cuevas” financieras con mochilas, y salir con las mismas más livianas —o viceversa—, movimientos típicos del intercambio de droga por dinero.
Como complemento, en un taller mecánico de Villa Celina se secuestraron 30 chapones semicirculares diseñados específicamente para ser adaptados como doble fondo en los guardabarros de los autos para ocultar la droga.
En el marco de esta investigación, se realizaron 20 allanamiento simultáneos el 22 de junio de 2023 en los que al grupo narcocriminal se le se incautaron más de 16 kilos de cocaína y cápsulas, una flota de diez automóviles, más de 43 millones de pesos, 153 mil dólares y sumas menores en euros, reales, pesos uruguayos, chilenos, colombianos y hasta libras esterlinas.
Esos procedimientos aportaron como prueba clave desde cápsulas hasta ladrillos de cocaína con la marca del delfín (un sello común en carteles transnacionales). Los peritajes químicos luego confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína con una concentración de hasta el 63,88%.
Además, se incautaron 13 balanzas de precisión y manuscritos con listas de nombres, direcciones y montos de dinero, lo cual refuerza la hipótesis de una estructura comercial aceitada. En ese sentido, la investigación probó que el dinero no circulaba por bancos. Los imputados fueron filmados cuando concurrían habitualmente a la “Galería Lavalle” y a un edificio en Lavalle al 400, del microcentro porteño, donde cambiaban pesos por dólares.
Los imputados
Las 14 personas acusadas de integrar la organización narcocriminal para las que el fiscal pidió juicio oral son: los ciudadanos peruanos Guillermo William Godoy Ayerbe, Jack Esmith Sánchez Alegre, Karla Danitza Canales Falconi, Jhan Carlos Tavera Pinchi y Pedro Edilberto Meza Velázquez; los de nacionalidad boliviana José Iván García Choque, Ken Villarroel Palenque (alias “Dientón”), Valerio Soria Higuera, Sonia Pucho Ramos, Edwin Rodríguez, el ciudadano paraguayo Gustavo Alexis Benítez y los argentinos Ezequiel Matías Ortellao, Wilson Darío Rodríguez y Aaron Víctor Soliz.
Según el requerimiento fiscal, la organización operaba en diferentes niveles de jerarquía. Por un lado, a los imputados García Choque, “Dientón” Palenque y Godoy Ayerbe, se les atribuyó la logística, incluyendo el traslado de grandes cargamentos de drogas y el manejo del dinero.
A su vez, de acuerdo a la investigación, el contrabando internacional quedó en manos de los ciudadanos bolivianos Soria Higuera y Pucho Ramos, identificados como los responsables de ingresar la droga al país. El primero actuó como “mula”, transportando en su estómago 60 cápsulas de cocaína desde Bolivia hasta la terminal porteña de Liniers, a bordo de un ómnibus de la empresa “La Preferida”.
En tanto, el almacenamiento se les imputó a los dos acusados de apellido Rodríguez, quienes utilizaban un taller mecánico de la localidad de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, para esconder la droga y realizar modificaciones en los guardabarros de los autos para ocultar el estupefaciente.
Siempre de acuerdo a la acusación fiscal, Sánchez Alegre, Canales Falconi, Tavera Pinchi, Soliz y Benítez operaban en el último eslabón, al encargarse de la distribución de la sustancia en distintos puntos de la CABA y del Gran Buenos Aires, donde se comercializaba al menudeo.

