La Provincia validó la reforma del estatuto y el traslado del domicilio a Pilar, mientras la Inspección General de Justicia pidió designar veedores para revisar los estados contables de la entidad que preside Claudio Tapia.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires respaldó institucionalmente a la Asociación del Fútbol Argentino, avaló el cambio de jurisdicción y la reforma de su estatuto, y dejó sin efecto práctico la competencia nacional en medio del pedido de designación de veedores para revisar sus estados contables. La decisión provincial se conoció horas después de que la Inspección General de Justicia solicitara supervisión sobre la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia, lo que profundizó un conflicto que ya trasciende lo administrativo.
La resolución bonaerense consolidó la radicación formal de la AFA en territorio provincial y desplazó el control hacia la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. De ese modo, el Ejecutivo de Axel Kicillof tomó posición en una disputa que combina fiscalización contable, competencia institucional y confrontación política con el Gobierno nacional.
Según reconstruyó Infobae, la validación del cambio de domicilio se produjo pese a que inspectores de organismos nacionales constataron que en la dirección declarada no funciona actividad administrativa.
Respaldo político y validación del cambio de jurisdicción
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas dio por finalizado el trámite de cambio de jurisdicción y la reforma estatutaria de la AFA. El acto administrativo dejó asentado que la sede social de la entidad se encuentra en la calle Mercedes 1366, en el partido bonaerense de Pilar, mientras que la sede deportiva continúa en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.
La resolución recordó que la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación del artículo primero del estatuto social, fijando el nuevo domicilio en la provincia de Buenos Aires. Con esa decisión, la Provincia asumió formalmente la fiscalización de la AFA y dejó establecido que el control corresponde a su propio órgano de contralor.
El reconocimiento provincial se dictó aun cuando inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y de la Inspección General de Justicia habían verificado la inexistencia de oficinas administrativas en el domicilio informado y describieron el lugar como un baldío. La Provincia no condicionó la inscripción a esa constatación y avanzó con la validación registral.
Desde el punto de vista político, el movimiento blindó a la conducción de Tapia en el terreno central de la disputa: el control institucional y contable de la AFA.
El pedido de veedores y la reacción nacional
Horas antes de la resolución bonaerense, la IGJ anunció el pedido de designación de veedores para revisar los estados contables de la AFA. El organismo nacional fundamentó la solicitud en la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida vinculada a balances y otra información complementaria.
En la resolución se aclaró que la medida no implica una intervención, sino una herramienta de control prevista en la normativa vigente para examinar la documentación social y contable. El pedido se inscribió en la política de supervisión impulsada por el gobierno de Javier Milei, que sostiene la auditoría como eje de gestión.
La cercanía temporal entre el anuncio del pedido de veedores y la validación del cambio de jurisdicción transformó una discusión técnica en un conflicto abierto entre Nación y Provincia. Mientras el Gobierno nacional avanzó con una medida de control, el Ejecutivo bonaerense consolidó la tesis de que la IGJ ya no tiene competencia sobre la AFA.
La propia entidad sostuvo esa posición en un comunicado oficial, al afirmar que, tras la inscripción provincial, la IGJ “carece de legitimidad y jurisdicción para ejercer control de legalidad” sobre la reforma estatutaria, postura que coincide con la del gobierno bonaerense, según publicó Infobae.
Un conflicto institucional con proyección política
La disputa por la AFA se inserta en el marco de la relación tensa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. Para la Nación, el eje está puesto en la transparencia y la fiscalización de una institución que concentra recursos millonarios y alto poder simbólico. Para la Provincia, el punto central es la competencia y la autonomía para ejercer el control sobre una entidad radicada formalmente en su territorio.
El respaldo de Kicillof a la AFA no aparece como un gesto técnico, sino como una definición política frente al avance de los organismos nacionales. En ese escenario, Tapia consolida apoyo provincial mientras enfrenta cuestionamientos desde la Casa Rosada.
El futuro del conflicto permanece abierto. Si la IGJ insiste en la designación de veedores y la Provincia desconoce esa facultad, la disputa podría derivar en un conflicto de competencias o en una instancia judicial. Por ahora, el respaldo bonaerense y la validación del cambio de jurisdicción marcaron el rumbo de una pelea que ya forma parte del tablero político nacional.
