El Obispado confirmó que la Santa Sede rechazó la apelación del sacerdote y ratificó su culpabilidad en un proceso canónico por abuso de un menor. La sanción le impone restricciones permanentes en el ejercicio del ministerio y le prohíbe cualquier actividad que implique contacto con menores.
El Vaticano confirmó recientemente la culpabilidad de un sacerdote argentino en un proceso canónico por abuso sexual contra un menor, un hecho que ha generado conmoción en la comunidad religiosa y en sectores públicos.
El religioso en cuestión es Damián Rodríguez Alcobendas, conocido durante años como sacerdote de la Parroquia Sagrada Familia en el complejo residencial de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires. Fue también capellán de varias instituciones educativas católicas de la zona, donde ejerció labores pastorales por más de una década.
La decisión de la Santa Sede se produjo tras la revisión de un proceso administrativo penal canónico, en el que el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede rechazó la apelación presentada por Rodríguez Alcobendas y confirmó su culpabilidad por un “delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”, la calificación en derecho canónico para abusos sexuales de carácter grave.
Las sanciones impuestas son severas y de alcance permanente en el ámbito eclesiástico:
- Prohibición perpetua para ejercer cualquier cargo eclesiástico, ya sea pastoral, administrativo o educativo dentro de la Iglesia.
- Restricción permanente para desempeñar funciones que impliquen contacto con menores de edad.
- Prohibición de participar en actividades formativas, de tutoría o asesoramiento pastoral.
- Una pena adicional de cinco años durante los cuales no podrá ejercer públicamente el ministerio sacerdotal.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones, el Vaticano prevé la dimisión del estado clerical como sanción máxima.
El Obispado de San Isidro, jurisdicción eclesiástica a la que pertenecía Rodríguez Alcobendas, difundió el comunicado oficial en el que expresa cercanía con la víctima del delito y pide perdón por el dolor causado, al tiempo que reafirma su compromiso con la protección de menores y con la actuación responsable frente a casos de abuso.
Aunque la sanción canónica ha sido establecida por la Santa Sede, fuentes eclesiásticas indican que el hecho denunciado no tuvo un desarrollo equivalente en la justicia penal argentina debido a la prescripción de los hechos denunciados, que habrían ocurrido décadas atrás.
El caso vuelve a poner en primer plano la atención sobre las responsabilidades institucionales de la Iglesia frente a denuncias de abuso en su interior, y subraya los mecanismos aplicados en los tribunales canónicos para tratar estos delitos graves contra menores.
