El nuevo esquema de desvinculación para el personal del organismo ofrece una compensación extraordinaria y restringe el acceso futuro a empleos estatales. “La situación es de incertidumbre. Hace un año y medio que no hay paritarias y ya despidieron a siete compañeros. Sabemos cuál es la idea de este Gobierno: luego de los retiros voluntarios vienen más despidos”, notó el gremialista.

De la Redacción de EL NORTE
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026, se inscribe en el contexto de la política de reducción del empleo público que impulsa el gobierno de Javier Milei y forma parte de la reorganización estatal que respaldan la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda. En relación con la medida, el delegado regional de SECASFPI, Álvaro Agüero, manifestó en diálogo con EL NORTE: “Luego de los retiros voluntarios sabemos que vienen los despidos”.
“La situación del personal es de incertidumbre. Hace un año y medio no hay paritarias. Sabemos cuál es la idea de este Gobierno: luego de los retiros voluntarios vienen los despidos. Y esta administración ya despidió en San Nicolás a siete compañeros en lo que lleva de su gestión”, advirtió.
“Hasta ahora no lo tomó nadie”
Para acceder al plan, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de dos años de antigüedad y pertenecer a la planta permanente de Anses. La Dirección General de Recursos Humanos del organismo asume la responsabilidad de implementar el proceso, aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y garantizar que cada trámite se formalice ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.
El régimen detalla las exclusiones específicas. No pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, aquellos que enfrenten procedimientos disciplinarios, empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia, personal mayor de 62 años ni agentes con litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de estos. Además, los trabajadores que ocupen cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para ser admitidos en el plan.
Agüero indicó que el 95% del personal se encuentra en condiciones de retiro. “No sabemos el impacto que tendrá la medida porque hasta ahora no lo tomó nadie; hay tiempo hasta el 5 de abril, es muy reciente. Pero, por ejemplo, luego de los anteriores despidos, la atención en la oficina de La Emilia dejó de ser diaria”, explicó.
El programa
El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), permite a los empleados desvincularse del organismo a través de un acuerdo mutuo, que debe formalizarse ante la autoridad administrativa del trabajo. Este régimen establece una gratificación extraordinaria como incentivo principal, la cual puede alcanzar hasta $80 millones en una sola cuota, dependiendo de los años de servicio y la remuneración mensual habitual del trabajador.
La decisión surgió tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones presupuestarias y jurídicas, y la adecuación a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo de Anses N° 305/98 “E”. El objetivo central consiste en disminuir la planta permanente del sector público, ajustando –en este caso– la estructura de la entidad encargada de la seguridad social en Argentina.
El plazo para adherirse al régimen vence el 5 de abril. Los empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad pueden postergar la firma del acuerdo hasta el fin de su licencia. La adhesión implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo y, además, el trabajador debe declarar no tener reclamos pendientes contra el organismo, condición indispensable para concretar la desvinculación.
‘Aprietan a los trabajadores’
El sindicato de las y los trabajadores de la Anses (SECASFPI) emitió un comunicado titulado «Aprietan a los trabajadores y lo llaman “voluntario”».
“Las y los trabajadores reclamamos paritarias y recomposición salarial, pero el Gobierno responde con retiros ‘voluntarios’. Mientras exigimos salarios dignos, vemos cómo algunos funcionarios utilizan el Estado para privilegios y gastos que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo, porque parece que para algunos sí hay recursos cuando se trata de llevar a la familia de viaje. Mientras el país necesita políticas para defender la industria y el empleo, lo que aparece son promesas vacías, negocios financieros y estafas disfrazadas de modernidad, como las criptomonedas. Se creen que esto es voluntario. Pero lo que estamos viendo es el resultado de una política de desestabilización económica y emocional sobre las y los trabajadores, para empujarlos a aceptar lo que en otras condiciones jamás aceptarían. La Argentina necesita trabajo, salarios que alcancen y un Estado que cuide a su gente”, expresaron desde el gremio.
Características de los acuerdos
El plan impulsado por el Gobierno nacional comprende una compensación extraordinaria equivalente al 90% del salario bruto mensual por cada año de antigüedad, con un tope máximo de 24 sueldos. Si la suma total a percibir no supera los $80 millones, el pago se efectúa en una sola cuota. Cuando el monto excede ese límite, se abona en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Los acuerdos resultantes de este régimen requieren homologación y asesoramiento letrado obligatorio. Los representantes de Anses ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria son los encargados de formalizar las extinciones laborales.
La restricción para reincorporarse a la administración pública nacional constituye una de las condiciones más estrictas del programa. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a ningún organismo estatal nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años.
La medida se enmarca en un proceso más amplio de recortes en organismos públicos. El cronograma oficial ubica al 21 de marzo como una fecha relevante para avanzar en una nueva etapa de reducción de cargos, en la que se prevé que al menos 5000 puestos queden vacantes.
La renuncia a la tutela sindical para quienes tengan representación gremial constituye otra condición ineludible. El programa excluye a quienes hayan iniciado el trámite jubilatorio o hayan presentado su renuncia, así como al personal mayor de 62 años. De igual modo, los agentes con litigios laborales pendientes solo pueden acceder si desisten explícitamente de sus reclamos.

