El bloque HECHOS presentó un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para eliminar dispositivos con conectividad y reforzar la seguridad pública.
El diputado provincial Manuel Passaglia anunció que impulsará un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para prohibir el uso de celulares en cárceles y avanzar con la instalación de inhibidores de señal en los penales.
A través de sus redes sociales, el dirigente expresó que “un celular en manos de un preso es un arma”. En ese sentido, afirmó: “Hoy hay miles de estafas, amenazas y hasta homicidios que se ordenan desde adentro con un celular. Desde la pandemia, este sistema está funcionando 24/7.”
El exintendente de San Nicolás sostuvo que la problemática excede lo ideológico y se vincula con la seguridad pública. “Este no es un debate ideológico: es un problema de seguridad”, indicó. Además, remarcó el objetivo de la iniciativa: “Por eso vamos a impulsar un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires para terminar con esto: sacar los celulares y avanzar con inhibidores en los penales.”
Y concluyó: “Si están presos, no pueden seguir delinquiendo desde adentro.”
El proyecto en la Legislatura bonaerense
Como publicó EL NORTE, el bloque HECHOS presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La iniciativa ingresó en ambas cámaras y los legisladores buscarán tratarla en las próximas semanas.
El proyecto propone dejar sin efecto la normativa aplicada durante la pandemia por Covid-19, que permitió el uso de celulares para mantener el contacto con familiares ante la imposibilidad de recibir visitas.
Según los impulsores, la medida apunta a restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad, al considerar que la excepción sanitaria se extendió más allá de su justificación inicial.
Desde el bloque HECHOS señalaron que el Estado no debe permitir que las personas privadas de libertad continúen cometiendo delitos mediante herramientas tecnológicas sin control.
También indicaron que el sistema penitenciario debe operar bajo reglas claras, con controles efectivos y en resguardo de la seguridad de la población.
El debate se reactivó a partir del aumento de casos de estafas y amenazas telefónicas que se originan en unidades penitenciarias, lo que impulsó la discusión sobre nuevas restricciones en el uso de dispositivos.
