La medida restrictiva fue notificada en las últimas horas a todos los establecimientos carcelarios de la provincia de Buenos Aires incluida la UP3 de San Nicolás. Las prohibiciones se habrían originado a raíz de la estafa que sufrieron dos jueces camaristas de San Isidro. Las maniobras fraudulentas partieron de la Unidad Carcelaria 35 de Magdalena
De la redacción de EL NORTE
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Comenzaron a ser notificadas nuevas medidas restrictivas respecto del uso de celulares por parte de los internos de las unidades carcelarias bonaerenses. La medida habría sido dispuesta luego de que dos jueces camaristas de San Isidro fueran estafados por internos del penal de Magdalena. Entre las nuevas directivas recibidas en las últimas horas en los establecimientos provinciales (incluida la Unidad Penal N°3 de San Nicolás) que limitan el uso de los aparatos de telefonía se encuentran las siguientes disposiciones: los celulares se deben usar en espacios autorizados para su uso que son la celda, patio y pabellón. Los horarios de restricción de uso se extienden desde las 19 hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Dispone asimismo que todo celular que sea secuestrado por el uso indebido de redes sociales no será devuelto. Informa además que ante la recepción de un oficio judicial que ordene el allanamiento o secuestro de algún teléfono celular procederán a secuestrar todos los teléfonos en la celda sean registrados o no. También señala la notificación que durante el desarrollo de cualquier actividad sea educativa, laboral o deportiva no deberán utilizar los aparatos de comunicación.
Los jueces Juan Eduardo Stepaniuc y Luis Cayuela, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fueron blanco de una banda de estafadores que operaba desde la cárcel de Magdalena. Los delincuentes se hacían pasar por empleados de una empresa de correo privado y de una compañía telefónica para robar las cuentas de WhatsApp de los magistrados para después pedir a los contactos agendados dinero a su nombre. Detrás de las llamadas que recibieron los camaristas en sus celulares estuvo la voz de Gabriel Nicolás Giménez, un preso reincidente, de 26 años, que cumple una condena única a 10 años de prisión.
El principal acusado
Giménez cumplía una pena a 10 años de prisión por robo agravado, era el dueño de la línea telefónica utilizada por las estafas y su voz es la que quedó registrada en varias de las llamadas a las víctimas.
La investigación comenzó tras la denuncia del magistrado Cayuela, que cayó en la trampa de los estafadores en febrero pasado. El impostor se presentó como empleado de un correo privado y le avisó que tenía una encomienda para entregarle y que debía pasarle un código de seis números que le estaba por llegar. El magistrado perdió el control de su cuenta de WhatsApp. El estafador, desde su línea, comenzó a enviarles mensajes a sus contactos para pedirles dinero.
Una semana después, desde la misma línea telefónica llamaron al juez Stepaniuc. También su interlocutor se hizo pasar por empleado de un correo privado, pero como el juez estaba en la sala de acuerdos de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro con Cayuela, fue advertido por su colega de que se trataba de una trampa y cortó la comunicación.
Durante la investigación se pudo identificar a Giménez y a otros dos internos del penal de Magdalena como los responsables de las estafas. Se presume que no sabían que sus víctimas eran jueces. Los imputados habrían realizado cerca de 30 llamadas telefónicas diarias, siempre en horario laboral -entre las 9 y las 17.30− tratando de captar víctimas a través de engaños.
Estas maniobras de estafas expusieron una vez más que los delincuentes alojados en las cárceles usan los teléfonos celulares que tienen autorizados desde la pandemia para cometer delitos.
Además, la cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos.
