La Federación Agraria advierte sobre un estado “lamentable” de la red vial en plena cosecha, mientras el gobierno local asegura que no hay intransitabilidad y cuestiona las críticas del sector.
El estado de los caminos rurales volvió a encender la polémica en el partido de Ramallo y dejó al descubierto un creciente conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno local. Mientras desde la Federación Agraria se advierte sobre un deterioro “lamentable” de la red vial, desde el municipio se relativizan las denuncias y se cuestiona públicamente a quienes encabezan los reclamos.
El eje del conflicto no es nuevo, pero en las últimas semanas escaló en tono e intensidad. Desde la filial Villa Ramallo de la Federación Agraria Argentina se viene señalando con insistencia el mal estado de los caminos, en especial en la antesala de la cosecha gruesa, un período clave para la producción. Según plantean, la falta de mantenimiento pone en riesgo la logística del sector y podría afectar directamente la salida de la producción.
Pero el reclamo va más allá de lo operativo. Los productores también cuestionan el esquema de financiamiento implementado por el municipio. En particular, apuntan contra el incremento de tasas y la creación de un nuevo tributo sobre los combustibles, destinado —según se argumenta oficialmente— al mantenimiento de la red vial. Desde la entidad rural sostienen que ya existen recursos “más que suficientes” para garantizar caminos en condiciones y se preguntan qué destino tienen esos fondos.
“¿Qué se está haciendo con lo recaudado?”, es la pregunta que sintetiza el malestar del sector, que además denuncia falta de transparencia, ausencia de planificación y escaso diálogo institucional. También remarcan que las decisiones se tomaron sin consenso, pese a pedidos previos de mantener canales de comunicación abiertos.
En ese contexto, la respuesta oficial no hizo más que profundizar la tensión. Desde el área de Obras Públicas se aseguró que existen trabajos en marcha en distintos puntos del distrito, con equipos desplegados en caminos clave de la red vial primaria. Sin embargo, el foco estuvo puesto en desacreditar el reclamo.
Se cuestionó la vía pública elegida por los productores para manifestarse y se deslizó que los planteos no fueron canalizados por los espacios de diálogo existentes. Incluso se apuntó directamente contra referentes del sector, poniendo en duda su legitimidad para reclamar en función de antecedentes en la gestión.
En relación al estado de los caminos, la postura oficial fue aún más tajante. Se negó la existencia de caminos cortados y se consideró exagerado afirmar que no se puede sacar la producción. Según esta mirada, puede haber sectores con dificultades, pero no una situación generalizada de intransitabilidad.
Sin embargo, esa lectura contrasta con lo que describen los productores en el territorio. Desde la Federación Agraria advierten que el deterioro es evidente y que, con la llegada de las lluvias y el avance del otoño, las condiciones podrían empeorar significativamente. En ese escenario, la falta de respuestas concretas genera incertidumbre y preocupación en el sector.
El municipio, por su parte, destacó la recuperación de maquinaria vial que se encontraba fuera de servicio, como parte de una estrategia para mejorar la capacidad operativa. No obstante, ese argumento no alcanza para disipar las críticas, que apuntan más a la gestión integral que a intervenciones puntuales.
El conflicto expone una tensión de fondo: la distancia entre la percepción oficial y la realidad que denuncian los productores. Mientras el gobierno sostiene que hay avances y cuestiona las formas del reclamo, el sector agropecuario insiste en que el problema es estructural y requiere respuestas urgentes.
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