Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central. Entre los beneficiarios hay integrantes del equipo económico y diputados oficialistas. Desde la oposición piden explicaciones.
Un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas quedó en el centro de la polémica tras conocerse que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que llegan hasta los 350 mil dólares.
La información surge de la Central de Deudores del Banco Central y se difundió en las últimas horas. Según los datos oficiales, entre los beneficiarios figuran integrantes del equipo económico y dirigentes de La Libertad Avanza.
La controversia se centra en la simultaneidad y magnitud de los créditos otorgados a funcionarios y legisladores oficialistas, lo que alimentó sospechas sobre un posible trato discrecional en el acceso al financiamiento. En un contexto económico en el que el crédito hipotecario resulta cada vez más limitado para amplios sectores de la población, la aparición de estos casos instaló el debate sobre eventuales privilegios y condiciones diferenciales para dirigentes vinculados al Gobierno.
Quiénes accedieron a los créditos más altos
Entre los montos más elevados aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE, ambos con préstamos equivalentes a unos 350 mil dólares al momento de la adjudicación.
Más atrás figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito cercano a los 276 mil dólares. También se incluye a Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con más de 200 mil dólares, y a Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, con unos 77 mil dólares.
La lista suma además a diputados oficialistas como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que van desde los 200 mil hasta los 240 mil dólares. Otros legisladores registran montos cercanos a los 145 mil dólares.
La explicación del banco y el pedido de informes
Desde el Banco Nación señalaron que los préstamos se otorgaron bajo los criterios habituales de la entidad y que no existieron excepciones en el proceso. Indicaron además que el análisis de ingresos y capacidad de pago —conocido como scoring— se aplicó de la misma manera que en cualquier otro caso.
El banco también remarcó que una gran parte de los créditos hipotecarios del país es canalizada por esa entidad, en parte porque administra cuentas sueldo de empleados estatales.
Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para que se informe si existieron condiciones especiales, posibles conflictos de interés o trato preferencial hacia funcionarios.
Debate por el acceso al crédito
El reclamo apunta también a conocer si intervinieron organismos de control como la SIGEN y si el Banco Central detectó eventuales irregularidades en la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.
El caso abrió un debate sobre el acceso al crédito en el sector público y la necesidad de garantizar igualdad de condiciones en el otorgamiento de préstamos.
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