Las autoridades de la provincia de Buenos Aires autorizaron nuevas bandas arancelarias para los colegios privados que reciben aportes estatales y fijaron los valores que se deberán abonar a partir de abril. En nuestra ciudad, el costo de las cuotas varía en función de los distintos servicios educativos y el porcentaje de aporte estatal que percibe cada institución: los aranceles de nivel primario promedian los $80.000 y se extienden hasta los $200.000 o más.
De la Redacción de EL NORTE
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Las autoridades de la provincia de Buenos Aires autorizaron nuevas bandas arancelarias para los colegios privados que reciben aportes estatales, fijando los valores que se deberán abonar a partir de abril.
El nuevo cuadro arancelario fue avalado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, luego de un pedido de actualización presentado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) sobre la base de los resultados de la última paritaria docente. El aumento promedio en relación con el ajuste previo es del 6,5% para todas las categorías, escalas y modalidades.
Con los aumentos autorizados para abril, en San Nicolás las cuotas de colegios privados superarán, en algunos casos, los $200.000. Aunque la mayoría de los servicios educativos privados cuentan, a nivel local, con un 100% de aporte estatal, hay algunos que no alcanzan ese porcentaje, lo cual influye en el costo final de la cuota. Asimismo, también modifican los valores las asignaturas extracurriculares que no cuentan con cobertura estatal.
En ese contexto, este mes las cuotas en nivel primario promedian en nuestra ciudad los $80.000, y hay colegios cuya cuota asciende a $200.000 o más.
Dificultades de financiamiento
“Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes, de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”, señaló el secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, quien aclaró que, a pesar de la actualización, “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo, aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.
El titular de la entidad que agrupa a 2500 centros educativos bonaerenses y representa al 30% de la cobertura educativa provincial, con más de 1,3 millones de estudiantes en todos los niveles, advirtió sobre el impacto de los aumentos de tarifas y servicios. “Estamos abajo un 15% por el aumento a nivel nacional de los servicios. Los colegios privados, el año pasado, cerraron con una morosidad en las cuotas del 9%. Y muchas tuvieron que pedir créditos para completar el pago del sueldo docente”, aseguró.
Además, explicó que la presión financiera se ve agravada por la suba de tasas municipales.
Subsidio estatal a colegios privados
Según la información aportada por Aiepa, cerca del 70% de los colegios privados bonaerenses reciben subsidios estatales para cubrir parte o la totalidad de los salarios docentes. Estos establecimientos no pueden modificar sus aranceles sin la autorización del gobierno provincial, a diferencia de los colegios sin subvención estatal, que pueden trasladar los incrementos de manera automática.
La provincia cuenta con más de 4000 instituciones educativas subsidiadas, cuyo aporte estatal puede cubrir entre el 40% y el 80% de los salarios, mientras que el resto de los gastos, como servicios y mantenimiento, deben ser afrontados por cada colegio.
En los últimos años se han registrado cierres de instituciones educativas privadas: algunas de ellas en el conurbano, otras en CABA y también en la ciudad de La Plata. Según indicó Aiepa, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.
Entre ellos mencionó la caída de la natalidad; la disminución de la matrícula —con unos 300.000 alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—; el atraso en los aranceles; el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias, lo que hizo aumentar los porcentajes de morosidad.
“Hay escuelas que no cerraron, pero cuya situación es crítica; están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.
