La Libertad Avanza y aliados se encaminan a sancionar cambios clave
NewsITe
La Cámara de Diputados debate una de las reformas ambientales más sensibles de los últimos años: la modificación de la Ley de Glaciares con un claro sesgo pro minero. Con la presencia de Karina Milei en los palcos, La Libertad Avanza y un bloque de aliados opositores se encaminan a convertir en ley el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y advertencias sobre futuras judicializaciones.
El oficialismo logró asegurar el quórum inicial con el respaldo de diputados del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), algunos monobloques y legisladores de Provincias Unidas. La estimación en el recinto es que ese mismo entramado de fuerzas garantizará los votos necesarios para aprobar una norma que flexibiliza las restricciones a la actividad minera en zonas periglaciares, es decir, en áreas que funcionan como reserva estratégica de agua.
Antes de ingresar de lleno al debate ambiental, la oposición intentó sin éxito colar otros temas en el temario mediante sucesivos pedidos de apartamiento de reglamento. La izquierda y Unión por la Patria buscaron repudiar la decisión del Gobierno de retirar acreditaciones a medios de comunicación acusados de integrar una supuesta campaña financiada por Rusia. Tampoco prosperaron las mociones para exigir la neutralidad argentina frente a la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, ni la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado.
Choque político por la reforma de la Ley de Glaciares
Ya iniciado el debate de fondo, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc (La Libertad Avanza), defendió el proyecto como una herramienta para “aclarar conceptos” de la norma vigente sin alterar –según su visión– el paradigma de protección de los glaciares. Resaltó la audiencia pública realizada a fines de marzo, que contó con cientos de expositores, en su mayoría críticos de la reforma, y que la oposición cuestiona por su carácter restrictivo. Desde los bloques opositores anticipan que ese punto será una de las bases para futuras demandas judiciales.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), sostuvo que la modificación “viene con claridad meridiana del Senado” y negó que implique una regresión ambiental. Aseguró que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) mantendrá sus funciones, mientras que las provincias podrán realizar estudios de segundo y tercer nivel para revisar inventarios en zonas periglaciares.
Desde Unión por la Patria, la diputada y científica Adriana Serquis cuestionó con dureza la iniciativa, remarcando que el oficialismo “se basa en datos que no son científicos”. Con una maqueta en mano, advirtió sobre el impacto que podría tener la explotación minera sobre áreas que alimentan cuencas de las que dependen millones de personas. “Solo un 1% de la cordillera está cubierto por glaciares y ese puntito abastece de agua a unos 7 millones de habitantes”, graficó.
Federalismo, ambiente y modelo productivo en disputa
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó que el debate excede la cuestión técnica y se inscribe en una discusión sobre el modelo de país. Defendió un “federalismo y ambientalismo de concertación” y cuestionó lo que considera una cesión excesiva de facultades nacionales a las provincias para definir áreas protegidas. Otros legisladores de su espacio, como Sabrina Selva, calificaron la reforma como “inconstitucional y regresiva” y anticiparon conflictos entre jurisdicciones.
Desde la izquierda, Néstor Pitrola denunció que la norma favorece a “monopolios mineros dispuestos a entregar recursos estratégicos” en detrimento del derecho al agua de las generaciones presentes y futuras. En contraposición, el diputado del MID Eduardo Falcone adelantó su apoyo en general al proyecto, aunque marcó reparos sobre la posibilidad de desinventariar glaciares, algo que consideró inadmisible al recordar que todos cumplen una función hídrica.
- Los defensores de la reforma destacan que fortalece las facultades provinciales sobre recursos naturales y habilita inversiones productivas hoy restringidas por superposiciones normativas con la Nación.
- Los críticos advierten que la nueva redacción abre la puerta a una menor protección de ambientes periglaciares y podría reducir el control federal sobre recursos clave para el abastecimiento de agua.
El debate también reabrió viejas discusiones sobre el rol del Estado nacional. El experimentado diputado Miguel Pichetto recordó que votó la ley vigente en 2010 y ratificó su rechazo a los cambios al entender que no se aportaron nuevos argumentos técnicos que los justifiquen. A su criterio, la Nación pierde capacidad de regulación ambiental, mientras que las urgencias fiscales de las provincias pueden empujar decisiones atadas a la necesidad de inversiones.
“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones mineras crecieron de manera exponencial. El argumento de que la norma frena la producción no es sólido”, sostuvo Pichetto en el recinto.
En la vereda opuesta, legisladores como Darío Schneider (UCR) y Daiana Fernández Molero (PRO) insistieron en que la reforma busca dejar atrás una visión que enfrenta minería y ambiente, y darle a las provincias margen para evaluar caso por caso. Con los votos contados y el oficialismo confiado, la definición en Diputados promete marcar un antes y un después en la política ambiental y minera argentina.
