El defensa del padre de Ángel pidió la detención de ambos acusados por homicidio agravado. La causa apunta a un contexto de violencia prolongada y posibles fallas del sistema de protección.
El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo avance judicial. Su padre, Luis Armando López, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de denuncia penal solicitando la imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica).
La acusación es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Según la presentación, la muerte del menor no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de conductas sostenidas en el tiempo.
Autopsia y testimonios clave
De acuerdo al documento presentado ante la fiscalía, la autopsia preliminar detectó lesiones traumáticas en la zona craneal incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de alta intensidad.
A esto se suman testimonios de vecinos que afirmaron haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios de conflicto en el entorno familiar, lo que refuerza la hipótesis de maltrato previo.
Señalamientos al sistema de protección
La denuncia también apunta contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de derechos, al considerar que hubo advertencias previas que no derivaron en medidas efectivas.
Según el planteo de la querella, el niño había expresado en una audiencia su voluntad de permanecer con su madre de crianza, pero esa situación no fue contemplada. Además, se dispusieron restricciones de contacto que lo dejaron sin vínculo con su entorno cercano en las semanas previas al hecho.
Pedido de detención y riesgo procesal
La solicitud de detención inmediata se fundamenta en posibles riesgos procesales. La querella sostiene que los imputados habrían intentado eliminar pruebas y que existiría la posibilidad de fuga.
La investigación continúa en curso y la fiscalía deberá definir los próximos pasos en una causa que generó conmoción en la comunidad. Ahora la investigación se centra en determinar responsabilidades penales y eventuales fallas institucionales.
