El Sindicato de Trabajadores Viales presentó una acción ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y pidió investigar posibles delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) denunció penalmente al presidente Javier Milei por “presunto manejo irregular de fondos” en el área de Seguridad Social, en una presentación realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La acción fue impulsada por el gremio que conduce Graciela Aleñá, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, y quedó registrada bajo el Nº 204/2026. En el escrito, se solicita “la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, en concurso con “administración fraudulenta”, vinculados a la “presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado”.
Según se expuso en la denuncia, dichos fondos “habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores”, organismo que, según el planteo, resulta ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto “que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia”.
Cuestionamientos al destino de los fondos y al marco legal
Desde el sindicato advirtieron que la situación denunciada representa “un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP”, que provocaron “perjuicios económicos” a los trabajadores y sólo “benefició a las entidades financieras”.
La acción penal también alcanza a funcionarios del ámbito político y administrativo que “participaron en la elaboración” del proyecto de la Ley de Modernización laboral. Esto incluye a los legisladores nacionales que votaron a favor de la Ley Nº 27.802.
Planteos constitucionales y tratados internacionales
En la presentación, se señala además la presunta vulneración de principios establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Allí se garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.
Asimismo, se invocan tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos tratados establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de “dignidad, progresividad y no regresión”.
Desde STVyARA sostuvieron que “las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales”. Aseguran, también, que se contraponen con los estándares fijados por la jurisprudencia nacional e internacional.
