El juez avanza sobre presuntos vínculos entre el Estado y firmas ligadas a Angeletti
NewsITe
El juez federal Ariel Lijo ordenó una nueva tanda de medidas de prueba para determinar si existieron contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación se centra en eventuales beneficios económicos derivados de contratos públicos con firmas de las que Angeletti sería socia o tendría vínculos societarios.
Las diligencias responden a un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora apuntó a la posible existencia de un entramado de sociedades que habría intervenido en distintas licitaciones y contrataciones estatales, lo que motivó que la justicia ponga la lupa sobre la relación entre la actividad privada de Angeletti y áreas del Gobierno.
Lijo requirió copias de expedientes administrativos y documentación anexa de diversos procesos de contratación. Entre ellos figuran servicios clave vinculados a la comunicación digital del Estado, como la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento, el envío masivo de SMS, la mensajería móvil, la implementación y soporte de plataformas Jira y Confluence, además de servicios de correos transaccionales. También se incluye la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis, un espacio estratégico para eventos oficiales y culturales.
Empresas bajo la lupa y rol de la consultora +Be
En paralelo, el juez solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos societarios completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. El objetivo es analizar su composición societaria, sus directivos y eventuales interrelaciones, para detectar posibles vínculos directos o indirectos con Angeletti y su entorno.
Asimismo, Lijo pidió a la Oficina Nacional de Contrataciones –dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros– un informe detallado sobre si las empresas DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran antecedentes de contrataciones con el Estado nacional. Con esos datos, la justicia busca reconstruir el mapa completo de proveedores públicos vinculados al caso.
El foco en Tecnópolis y la proyección de la causa
Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la consultora +Be, de la que es socia Bettina Angeletti, guarda relación con algunas de estas firmas contratistas del sector público. La hipótesis a esclarecer es si, a través de sociedades interpuestas, pudo existir un esquema de beneficios cruzados entre la actividad privada y la gestión estatal.
- Se investiga la posible vinculación de +Be con empresas proveedoras del Estado.
- Se analizan contrataciones ligadas a servicios tecnológicos y de comunicación.
- La concesión y explotación comercial del predio de Tecnópolis es otro punto sensible del expediente.
La causa también busca determinar si hay un entramado societario en torno a la explotación de Tecnópolis, más allá de la mera adjudicación de contratos. En ese sentido, las medidas ordenadas podrían derivar en nuevos pedidos de informes, citaciones a funcionarios y empresarios, o eventuales imputaciones, según el curso que adopte el expediente una vez procesada la información recolectada.
Fuentes judiciales señalan que las medidas dispuestas por Lijo apuntan a reconstruir, con documentación oficial, el recorrido de los contratos y la estructura societaria de las empresas involucradas.
Mientras se aguarda la respuesta de los organismos requeridos, el avance del caso mantiene bajo observación pública el rol de la Jefatura de Gabinete y abre interrogantes sobre los controles en las contrataciones del Estado. El resultado de estas medidas será clave para definir si se trató de operaciones regulares o si existió algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses.
