Finalmente, tal como estaba previsto, se realizó la semana pasada la audiencia preparatoria de juicio en la causa que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y a seis exempleados de la firma Rey. No se plantearon salidas alternativas al juicio. Aún resta una pericia y, aunque no se estableció fecha, los sindicalistas acusados de pedir coimas y de bloquear la planta podrían ser juzgados en septiembre próximo.
De la redacción de EL NORTE
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Tal como estaba previsto, se desarrolló el pasado jueves 16 de abril la audiencia preliminar de juicio en la causa que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y a seis exempleados de la firma Rey Distribución. Su realización se había puesto en duda luego de que uno de los defensores planteara que aún faltaba la decisión de recursos en trámite ante la Corte provincial. La medida se cumplió en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2; se efectuó de manera virtual y se extendió por más de tres horas. Fuentes vinculadas a la causa informaron a EL NORTE que no hubo acuerdos de salidas alternativas al juicio oral y que se fijó plazo para la realización de una pericia que estaba pendiente. Una vez concluida, se determinará la fecha del debate oral y público. Se presume que, en principio, los sindicalistas camioneros, acusados de pedir coimas y de bloquear la planta, podrían ser juzgados en septiembre próximo.
La audiencia preparatoria corresponde al proceso seguido contra los sindicalistas camioneros por turbación de la posesión y extorsión y tenía como objetivo preparar el juicio oral. En esa etapa se depura la prueba, se resuelven incidencias, se fijan los hechos controvertidos y se proponen salidas alternativas como, por ejemplo, el juicio abreviado (lo que no se solicitó).
En la causa están imputados los líderes del gremio Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y seis exempleados de la firma sampedrina denunciante Rey Distribución. Fuentes vinculadas a la acusación ya habían estimado que no existían razones para dilatar el debate.
El pasado 8 de abril se cumplieron cuatro años desde que los líderes del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, fueran puestos bajo prisión preventiva (actualmente cumplen arresto domiciliario monitoreado). Están procesados junto a seis exempleados de la firma sampedrina Rey Distribución por bloquear los ingresos a la planta por un reclamo y, en el caso de los dirigentes gremiales, por turbación de la posesión y extorsión, que fueron denunciadas por los propietarios de la empresa en 2021. A mediados de marzo, finalmente, la causa fue elevada a juicio por cinco hechos: turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con coacción (dos hechos), extorsión (tres hechos) y extorsión en grado de tentativa (esta última quedó reducida a turbación de la posesión); todos ellos en concurso real. Se trata de delitos cuya pena mínima es de cinco años.
Esa elevación había sufrido varios reveses judiciales y, en definitiva, fue confirmada en diciembre del año pasado. La defensa de los seis empleados, representada por el abogado Gabriel Ruiz, interpuso innumerables objeciones contra ese enjuiciamiento, entre ellas un recurso de queja ante la Suprema Corte provincial que se halla pendiente de resolución. El recurso busca anular la elevación a juicio, invalidar la presentación hecha por la senadora Florencia Arietto, readecuar la imputación y garantizar lo que considera una revisión judicial efectiva; mientras tanto, el tribunal nicoleño mantiene el curso del proceso hacia el debate oral.
Los hechos investigados
El caso se conoció en octubre de 2021, cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo interviniera e impulsara la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le pedían coimas para poder trabajar y, en algunos casos, un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones, un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”, había explicado el empresario. “Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento.
La investigación entonces quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro. Uno de los hechos por los que están imputados Cabaleyro y Espíndola sucedió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, lo que impedía el desarrollo de la actividad comercial. Según la acusación, una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo-motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró del 22 al 26 de febrero de 2022.
Sostienen también que, cuando Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito –desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa–, se dirigió en una camioneta Volkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no habría podido ser comprobada por la Justicia.
Conforme a la denuncia, como resultado de los aprietes por no bloquear las plantas, Cabaleyro y Espíndola habrían recibido dinero en nombre del sindicato.
