El oficialismo busca destrabar el conflicto por el financiamiento universitario
El Gobierno nacional analiza una nueva estrategia para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y, al mismo tiempo, intentar moderar su impacto en las cuentas públicas. En ese marco, la Casa Rosada prepara una convocatoria a rectores y autoridades universitarias para los primeros días de mayo, en un intento por descomprimir un conflicto que amenaza con derivar en nuevas movilizaciones en todo el país.
Según trascendió en despachos oficiales, el oficialismo considera que en febrero existió un principio de entendimiento, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que incluía una recomposición parcial de los salarios docentes y no docentes. La idea era recuperar alrededor del 12,3% de lo perdido, proyectado hacia 2025. Sin embargo, las demoras legislativas y la falta de acuerdo político terminaron por frustrar ese avance.
En la Casa Rosada algunos señalan al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusan de haber frenado el tratamiento del proyecto. Desde el entorno del riojano lo niegan y recuerdan que es el Poder Ejecutivo el que fija las prioridades en función del programa económico. Mientras tanto, en el oficialismo reconocen que la principal dificultad sigue siendo fiscal: “Hay que acomodar los números para que funcione. Hoy no lo podemos pagar y necesitamos tiempo para modificar la ley”, admiten en voz baja.
Recurso judicial y cuentas ajustadas
Con la inflación de marzo en 3,4% y un esquema de gasto extremadamente controlado, el Gobierno recurrió a una vía judicial para ganar margen de maniobra. A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, la administración libertaria intenta dilatar la exigibilidad plena del fallo que ordena cumplir con la ley tal como fue sancionada.
En paralelo, dentro del oficialismo circulan distintas alternativas. Una de ellas es acordar con los rectores una salida transitoria que permita regularizar parte de la deuda salarial con las universidades –el “stock pasado”– y abrir luego una nueva discusión en el Congreso sobre el esquema de financiamiento a futuro. Otra opción, que algunos no descartan, es avanzar mediante decreto si el debate parlamentario vuelve a trabarse.
Rectores en alerta y posible nueva marcha
Mientras el Gobierno mide sus pasos, las universidades nacionales también mueven sus fichas. Lejos de considerar que en febrero hubo un acuerdo, las autoridades educativas sostienen que solo recibieron “un aviso” y remarcan que siguen sin respuesta temas clave: la compensación por la pérdida salarial de 2024 y una proyección clara de recursos para 2026, que permita planificar carreras, infraestructura y funcionamiento básico.
En ese contexto, diversos sectores del sistema universitario preparan una nueva movilización para los primeros días de mayo, que podría convertirse en la mayor protesta educativa del año si no aparece una oferta concreta desde la Casa Rosada. El recuerdo de la masiva marcha de 2024, la más convocante durante la gestión de Javier Milei, todavía pesa en la memoria de los funcionarios, que intentan evitar una foto similar.
Con la tensión en alza, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión clave con el ministro de Economía, Luis Caputo —el guardián de los números— y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, encargada de coordinar la estrategia jurídica. En el oficialismo confían en encontrar una salida y minimizan el riesgo de un nuevo estallido de protesta. “La gente está cansada, no vemos el mismo clima social que el año pasado”, interpretan. Del otro lado, el sistema universitario responde con organización y advertencias: sin previsibilidad en el financiamiento, la conflictividad seguirá en agenda.
