Allanamientos en el Ministerio de Salud y un hospital infantil

NewsITe
La Justicia Federal de Rawson, en la provincia de Chubut, llevó adelante allanamientos en el Ministerio de Salud de Entre Ríos y en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, en el marco de una causa que investiga el presunto tráfico de fentanilo, propofol y ketamina entre ambas jurisdicciones. Las actuaciones se desarrollan luego de un operativo en el que se detectó el traslado de potentes analgésicos y anestésicos, de uso hospitalario y bajo estricta regulación.
La pesquisa se originó el jueves 16 de abril, cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo a una persona en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn que transportaba una encomienda procedente de Entre Ríos. Dentro del paquete se secuestraron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, medicamentos opioides de alto poder y riesgo, que en el ámbito sanitario se utilizan en contextos muy controlados, principalmente en anestesia y terapia intensiva.
A partir de ese hallazgo, el Juzgado Federal de Rawson requirió información al Ministerio de Salud entrerriano y dispuso un operativo judicial en la sede central de la cartera y en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. A través de un comunicado oficial, las autoridades provinciales remarcaron que el organismo se puso a disposición de la Justicia y facilitó toda la documentación requerida para reconstruir el circuito de provisión y dispensación de los fármacos investigados.
El rol del hospital San Roque y los pedidos de la Justicia
El director del hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, sostuvo que el establecimiento colaboró desde el primer momento. “Nos pusimos inmediatamente a disposición, se presentó todo lo solicitado en formato papel y estamos terminando de armar los registros biométricos y de cámaras en formato digital”, explicó, al detallar que la Justicia pidió información de varios meses hacia atrás.
Calógero precisó que el requerimiento judicial se centró en un lote determinado perteneciente a un laboratorio específico. Según indicó, ese lote no figura en los registros del nosocomio: no fue adquirido, no está asentado en los sistemas internos y, en consecuencia, no se dispensó a través del servicio de farmacia del hospital. Esa aclaración busca despejar dudas respecto del posible origen de los medicamentos secuestrados en Chubut.
Aclaraciones sobre el allanamiento y la documentación secuestrada
Por su parte, la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Viviana Villa, subrayó que durante el procedimiento realizado en el hospital San Roque no se secuestraron medicamentos, dinero ni armas. Señaló que, dada la sensibilidad del caso, resulta fundamental que la información llegue de manera adecuada a la población, para evitar versiones erróneas o alarmas injustificadas.
De acuerdo con lo informado, el personal directivo del hospital entregó la documentación solicitada, ordenada y correspondiente a las fechas indicadas por el juzgado. Entre los papeles remitidos se incluyen constancias de compras, remitos, facturas de proveedores, libros de actas de farmacia y registros de movimientos de medicamentos, material clave para reconstruir la trazabilidad de sustancias controladas como el fentanilo.
Requisitos judiciales al Ministerio de Salud entrerriano
En relación con el operativo desarrollado en el Ministerio de Salud de Entre Ríos, las autoridades precisaron que el requerimiento judicial se estructuró en nueve puntos. Esos ítems motivaron la elaboración de cuatro informes técnicos por parte de distintas áreas de la cartera sanitaria: las Direcciones Generales de Hospitales, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Despacho y la Dirección Integral del Medicamento.
- Información sobre compras y movimientos de lotes específicos de fármacos controlados.
- Registros de distribución hacia hospitales y centros de salud de la provincia.
- Datos de personal con acceso a depósitos y áreas de farmacia.
- Actas y protocolos internos vinculados al manejo de medicamentos de alto riesgo.
“Desde el primer momento, el Ministerio se puso a total disposición de las autoridades intervinientes, brindando la colaboración necesaria y poniendo a resguardo toda la documentación requerida, en el marco de las actuaciones en curso”, enfatiza el comunicado oficial.
Las respuestas a esos requerimientos, según se indicó, fueron remitidas dentro de los plazos fijados por la Justicia Federal de Rawson. La investigación busca determinar el origen y la ruta de los fármacos incautados en Puerto Madryn, así como eventuales responsabilidades penales en el desvío de medicamentos de uso hospitalario. Por tratarse de sustancias de alto impacto en la salud pública y potencial uso indebido, las actuaciones se mantienen bajo estricto seguimiento judicial.

