Investigación federal por presunto lavado en la cúpula de la AFA
NewsITe
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, confirmó el inicio formal de una acción penal por presunto lavado de activos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y otras 26 personas físicas. La causa apunta a maniobras económicas que, según la hipótesis del Ministerio Público, habrían tenido como origen una defraudación a la propia AFA y la apropiación indebida de tributos.
En declaraciones radiales, Simón detalló que se presentó un requerimiento de instrucción, paso procesal que marca el comienzo de la investigación penal formal en el fuero federal. El expediente se centra en la presunta utilización de un entramado de empresas vinculadas al entorno de Toviggino, a través de las cuales se habrían desviado fondos de la casa madre del fútbol argentino mediante facturación falsa y triangulación de operaciones.
De acuerdo con el dictamen del fiscal, se identificaron entre 12 y 15 firmas comerciales relacionadas entre sí, integradas por familiares y allegados al tesorero de la AFA. Estas empresas, denominadas por la investigación como “sociedades espejo”, habrían recibido pagos de montos millonarios a cambio de servicios que no se habrían prestado en la realidad. Los socios se iban rotando entre las distintas compañías, lo que para la fiscalía configura un mismo grupo económico.
Uno de los casos más llamativos señalados por Simón es el de una empresa llamada Lindor, creada —según la información preliminar— en 2025 y que, al mes siguiente de su constitución, ya habría facturado alrededor de 300 millones de pesos a la AFA. Para el fiscal, este tipo de movimientos resulta “sugestivo” y encuadra en un patrón que se repite con otras firmas sin actividad comercial real o con muy escasa facturación propia.
Hipótesis de desvío de fondos y circuito del dinero
La fiscalía sostiene que existió un mecanismo de desvío de recursos desde la AFA hacia estas empresas vinculadas al entorno de Toviggino. Según la hipótesis, los fondos salían formalmente como pagos por servicios o contrataciones, pero en los hechos no se verifican prestaciones concretas que justifiquen los montos abonados. Una vez ingresado el dinero en una de las firmas, y en un lapso de hasta 48 horas, se transfería a otras sociedades relacionadas, configurando distintas etapas del presunto lavado de activos.
En el requerimiento, Simón describió al menos tres o cuatro fases típicas del lavado: colocación de fondos en el circuito formal, dispersión o estratificación mediante transferencias sucesivas entre empresas espejo, y posterior integración a la economía mediante la compra de bienes o inversiones. Todo dentro de un mismo esquema societario en el que los accionistas y directivos se repetían o intercambiaban funciones.
- Presunta defraudación previa a la AFA y apropiación indebida de tributos.
- Desvío de importantes sumas hacia empresas ligadas al entorno de Toviggino.
- Facturación por servicios que, según la fiscalía, no se habrían prestado.
- Triangulación de fondos y compra de bienes a través de sociedades espejo.
“Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia, Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos”, afirmó el fiscal Pedro Simón.
La causa, impulsada desde Santiago del Estero pero de fuerte impacto institucional y deportivo, podría derivar en nuevas medidas de prueba, pedidos de información contable y requerimientos a organismos de control tributario y financiero. Tapia y Toviggino, al igual que el resto de los imputados, conservan su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme. La evolución del expediente será seguida de cerca no solo por la dirigencia del fútbol argentino, sino también por el ámbito político y judicial, atento a las posibles derivaciones económicas y de gobernanza en la AFA.
